Hundido en la corrupción e insuficiencia para aplicar la justicia sin dobleces y de manera puntual, el Poder Judicial de la Federación requiere de cirugía mayor.
Padece daños crónicos en toda su estructura. Y por eso indispensable resulta extirparle el cáncer que lo invade desde sus entrañas.
En lo concerniente a los estados, el Poder Judicial está igual, o quizás más descompuesto.
Cierto es que, el Poder Judicial de la Federación es un pilar de los tres en que se sustenta el régimen republicano de México –su función es vigilar el cumplimiento de nuestra Carta Magna y las leyes a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura y los órganos auxiliares–, sin, desde su creación y hasta la fecha, cumplir cabalmente su responsabilidad.
Tampoco lo han hecho los supremos tribunales de justicia estatales en la aplicación de los asuntos que les incumben.
De ahí que la sociedad entera se sume al planteamiento de renovar no sólo las estructuras judiciales, sino también la ejecución de la legalidad, por ser ésta tardía y vendida al mejor postor, como ocurre en los estados.
Ahí están los penales plagados de presos que no han sido juzgados al no ceder al chantaje de los jueces o secretarios de acuerdos, aun y cuando los delitos por lo que fueron acusados ya transcribieron.
En fin, el tema da mucho para hablar, así que vayámonos por partes.
Proyecto de reforma
El 5 de febrero del año que cursamos, Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional (al Poder Judicial) donde expuso que ese poder ‘está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco’.
Y dijo que sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático de elegir jueces, abogados íntegros e incorruptibles, con vocación de justicia, se podría avanzar; esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que iniciar.
El tema, desde entonces, está discutiéndose en diversos foros.
Hace días (concretamente el jueves 27 de junio próximo pasado) en la Cámara de Diputados tuvo lugar el primer foro legislativo sobre la reforma y fue replicada en otros escenarios con diferentes protagonistas.
Se discutió sobre la iniciativa del tabasqueño que, entre otras cosas ha propuesto:
a) Reducir de 11 a 9 los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
b) Fijar de 15 a 12 años su periodo en el cargo, improrrogables.
c) Eliminar las dos salas de la SCJN, para que sólo sea el pleno quien conozca y delibere todos los asuntos en sesiones públicas
d) Crear un Tribunal de Disciplina Judicial;
e) Que cinco ministros la integren permaneciendo en el cargo 6 años y sin posibilidad de reelección;
e) Que los magistrados de distrito y jueces, duren 9 años en función y puedan ser reelectos;
f) Que ninguno de estos funcionarios gané más que el presidente de la República;
g) Suprimir la pensión vitalicia o haber de retiro para actuales y futuros ministros.
h) La creación de un Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco magistrados con un periodo de seis años, propuestos por los 3 Poderes de la Unión, quienes se ocuparán de la administración, de carrera judicial y control interno, así como de la elaboración del presupuesto
i) Que no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén en la ley.
Hay puntos en que todos los grupos de interés, incluso los políticos, se manifiestan conformes o, cuando menos, coinciden con la propuesta.
Sobre las rodillas
La necesidad de renovar por completo el sistema judicial, es un reclamo de la población que ahora empata con la iniciativa del tabasqueño, pero no por eso debe tomarse una determinación sobre las rodillas.
Me explico: el sistema judicial está podrido, ciertamente, pero, eliminar de tajo a los mil 600 integrantes (+/-) que componen la estructura federal y, al ‘botepronto’ nombrar sustitutos en 2025, es prácticamente imposible, aun cuando la iniciativa contemple elecciones para designarlos.
Y más ahora que en la legislatura actual el mentado ‘Peje’ no cuenta al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro con una mayoría absoluta.
Así que el tema va para rato.
El mismo tabasqueño lo ha reconocido.
Esto, porque ha sido harto criticado porque su iniciativa que establece que la elección de ministros, magistrados y jueces debería concurrir con el proceso de cada tres años para elegir diputados y alcales.
Por algo la ministra Yasmín Esquivel Mossa promovió ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma alterna en la materia.
Plantea que:
+ Los más de mil 600 jueces y magistrados del país no sean relevados en automático, sino mediante un proceso de elección progresiva
+ Que haya elección por voto popular de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
+ Que haya una elección progresiva de jueces y magistrados para cubrir por voto popular, pero de forma escalonada sólo aquellas plazas que queden vacantes por renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa justificada.
En fin, supongo que la reforma judicial, aunque necesaria, tardará más de lo previsto.
POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA
Correo: jusam_gg@hotmail.com
