Los tres poderes del Estado hicieron ayer acto de presencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, en un evidente mensaje político.
El gobernador Américo Villarreal Anaya llegó a ese municipio, considerado hasta hace poco como un feudo impenetrable del panismo regional, acompañado por Úrsula Salazar, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso: y por David Cerda, presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Fue una señal de unidad en torno a la figura del mandatario, cuyo margen de maniobra se acrecentó desde el 2 de junio. Un resultado así de apabullante no sólo otorga posiciones en el territorio estatal, y en su configuración política del estado, también brinda una plenitud de poder que hace tiempo no conseguía ningún gobernador en Tamaulipas.
Ya habrá tiempo, a partir del 1 de octubre cuando se conforme la Legislatura y tomen posesión los nuevos alcaldes, para que el gobernador mueva sus piezas en el tablero institucional.
Para ello, pondrá en la balanza el trabajo que han hecho los titulares de los organismos autónomos del estado, y su contribución a la gobernanza.
Tendrá el capital político suficiente para impulsar los ajustes que sean necesarios lo mismo en el Poder Judicial, que en otros entes públicos donde sobreviven, agazapados, algunos personajes que todavía responden a los intereses del anterior régimen panista.
El mandato de las urnas fue elocuente, y ayer volvió a quedar claro: el 2 de junio, el gobernador recibió el respaldo popular para que, a la par del proyecto de Claudia Sheinbaum, profundice la transformación de Tamaulipas, sin espacio para los emisarios del pasado.
Uno de los organismos autónomos cuyo funcionamiento seguramente será evaluado es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.
Así debe ser porque no es menor la tarea que debe realizar, que es la de garantizar que los ciudadanos del estado conozcan con todo lujo de detalle la manera en la que operan los entes públicos, y sobre todo, la forma en que se gastan los recursos.
Todo eso lo ha hecho mal desde que se convirtió en un espacio más para el pago de favores políticos, que suelen retribuirse con la garantía de la opacidad para los representantes del régimen pasado.
Ayer, la diputación permanente dio entrada a un punto de acuerdo para reclamar a la ASE y al mismo órgano de control del ITAIT que revisen sus cuentas públicas, en particular, la manera en la que ejerció el gasto el ex Comisionado Presidente, Humberto Rangel Vallejo, actual funcionario del Poder Judicial.
Ambas posiciones las obtuvo como premio por su contribución al régimen panista desde su paso como diputado -primero del Partido Verde y luego “independiente”- por el Congreso del Estado.
A los presuntos malos manejos financieros se suma la ineficacia del Instituto.
En el 2022, cuando Humberto Rangel era presidente, se disparó un 15 mil por ciento el número de recursos de inconformidad presentados ante el INAI, por la falta de respuesta del organismo tamaulipeco.
Lo grave es que la productividad no ha cambiado mucho bajo la presidencia de Dulce Rocha Sobrevilla, ex Secretaria General del PAN, pues en el 2023 volvió a ser el instituto estatal de transparencia con más quejas.
Como puede verse, ahí también urge una renovación.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
