La vinculación a proceso del ex secretario de Administración (en el régimen gubernamental de Francisco Javier García Cabeza de Vaca), Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, y de la ex contralora (gubernamental) Elda Aurora Viñas Herrera, es por el uso ilícito de atribuciones y facultades, según consigna el expediente en que se sustenta el proceso.
Sin embargo, podrían acumulárseles otros delitos, como peculado, por no entregar los vehículos oficiales, maquinaria y equipo que casi al finalizar el anterior sexenio ‘desaparecieron’ so pretexto de que eran rentados y por concluir los contratos fueron devueltos a sus propietarios.
No hay actas que sustenten sus dichos. Pero sí, en el inventario están consignados como posesión gubernamental, así como otros bienes que no fueron entregados físicamente, aun cuando se enlistan en falso inventario.
En su oportunidad, el actual secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui (a escasos días de asumir el cargo), denunció irregularidades a la hora de revisar el parque vehicular pues se llevaron los automotores que estaban en buen estado asignados a secretarios, subsecretarios, directores y otros (entonces) funcionarios.
Eso derivó que la coordinadora jurídica, Tania Gisela Contreras López, formulara una acusación en contra de ambos ex funcionarios, ante las dos instancias encargados de perseguir los ilícitos: la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Raúl Ramírez Castañeda; y la Fiscalía General de Justicia, donde continúa al frente Irving Barrios Mojica
Los dos retrasaron por largo tiempo (20 meses) la consignación de las averiguaciones previas, pero ante el cúmulo de pruebas aportadas por ella, a Raúl e Irving no les quedó más remedio que doblar las manos.
Con esta vinculación a proceso, podría iniciar el cobro de cuentas a un régimen corrupto, abusivo, terrorífico, represor y depredador.
Por lo tanto, se espera que en lo sucesivo se desempolven las más de 100 carpetas donde obras denuncias interpuestas contra la banda de ‘los cabezones’.
Ya es hora de que llamarlos a cuentas.
No hay que olvidar que en una primera evaluación sobre el estado en que recibió la administración pública, el gobernador Américo Villarreal Anaya acusó (ante la prensa) que se encontraron serias irregularidades en seis secretarías, confirmando, así, el saqueo indiscriminado al erario; la opacidad; el desvío de recursos, y los excesos y abusos cometidos por el régimen que lo antecedió.
Derivado de eso, anunció que emprenderá acciones penales en contra de los ex funcionarios responsables. Y al mismo tiempo, ofreció un ejercicio de total transparencia y rendición de cuentas.
Las secretarías en que se han localizado malos manejos, en principio, fueron:
+ Salud, donde inició el sexenio Lydia Madero García –quien dimitió el 7 de abril de 2017–, concluyéndolo Gloria de Jesús Molina Gamboa;
+ Educación, cuyo primer titular fue Héctor Escobar Salazar, causando baja el 12 de febrero de 2019, entrando al relevo Mario Gómez Monroy;
+ Finanzas: María Gabriela García Velázquez, fue ungida secretaría el 30 de septiembre del 2016, pero renunció en mayo 18 del 2017, quedando en su lugar, a partir del 6 de julio del mismo año y hasta la conclusión de la administración estatal, María de Lourdes Arteaga Reyna.
+ Seguridad, que hasta el final del régimen estuvo cargo del capitán de Fragata José Jorge Ontiveros Molina, (otrora) fue administrada por Augusto Cruz Morales (se fue el 20 de julio de 2020), aunque al inicio del régimen la titularidad fue concedida al vicealmirante Luis Felipe López Castro;
+ Bienestar, donde siempre mandó galleta Gerardo Peña Flores, hasta que Yahleel Abdala Carmona tomo el control de la secretaría (concluyendo ésta su función el pasado 30 de septiembre). Por cierto, Gerardo dimitió, en marzo 27 de 2018, por primera vez al cargo, retornando (a su función) el 24 de agosto del mismo año, para renunciar otra vez el 3 de marzo de 2019; y
+ Obras Públicas, donde Cecilia del Alto López conservó el manejo de la dependencia durante todo el sexenio, aunque poco brilló por dedicarse a la asignación de obras sin mediar licitación.
Posteriormente surgieron irregularidades en todas las secretarías de la administración pública anterior. Y, obviamente, en los Organismos Públicos Descentralizados (OPD’s), hasta el grado de haber acumulado con pruebas contundentes los ilícitos cometidos por decenas de ex funcionarios en, por lo menos, un centenar de carpetas.
En los últimos días de sus gestiones en la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción, Barrios Mojica y Ramírez Castañeda lucen con menos ínfulas retadoras hacia el actual gobierno; y quizá se decidan por fin a consignar ante el Poder Judicial todas las denuncias penales promovidas en contra de ex funcionarios, al suponer que eso les garantizaría retirarse a salvo de la justicia.
Foro reformatorio
La LXV Legislatura del Congreso local afina los detalles para desarrollar un foro sobre la reforma judicial que reclama el pueblo de México.
Quien vendrá a Ciudad Victoria a exponer las bondades y alcances del nuevo marco regulatorio del Poder Judicial, es el senador Ricardo Monreal Ávila.
El legislador conoce mucho del tema, como lo confirma el hecho de haber sido quien ‘desnudara’ prácticamente el saqueo al erario de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como la podredumbre del Poder Judicial.
Será interesante escucharlo.
Y no hay que perderlo de vista.
POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA
Correo: jusam_gg@hotmail.com
