A estas alturas ya nadie debería dudar que el próximo año se llevará a cabo la primera elección popular para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal, y quizás -si el Congreso local cumple con su tarea- también a los del Poder Judicial Local.
Faltarán por afinar muchos detalles, pero el espíritu de la reforma no será trastocado, y -quizás en el mismo mes de septiembre- se aprobará para transformar de tajo la estructura de la impartición de justicia en México.
Ya han habido suficientes mensajes políticos de que así será.
El primero en ponerlo sobre la mesa fue el presidente López Obrador, un día después de las elecciones, cuando advirtió que el Plan C va para adelante.
Luego Claudia Sheinbaum se sumó sin medias tintas, y con ella todos los liderazgos políticos de Morena, como Ricardo Monreal a quien le tocará operarla en el Congreso.
En su visita a Tamaulipas, el todavía senador fue clarísimo: la reforma va en los términos en los que la envió el Presidente López Obrador, acaso con el margen suficiente para escuchar la posición de los más críticos, pero sin que eso signifique se vaya a dar reversa a la elección de jueces.
Ese mismo día, por si hiciera falta, el gobernador Américo Villarreal reiteró que su gobierno también está firme en favor de la iniciativa.
Como eco, los diputados locales de Morena, confirmaron que en cuanto sea posible homologarán la reforma con la ley local, para que también el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, sea pasado por las urnas para elegir a sus integrantes.
Estamos hablando de una reforma de gran calado, la más ambiciosa de la era moderna en la República Mexicana.
En Tamaulipas son cerca de 50 jueces los que dejarían su posición en el Poder Judicial Federal el próximo año, con la posibilidad de presentarse a la elección como candidatos. Y en las mismas condiciones estarían más de 100 juzgadores del ámbito local, a los que habría que sumar a los diez integrantes del Supremo Tribunal, que también tendrían que someterse a la votación popular.
La letra chica de esas elecciones inéditas para la vida democrática del país es justamente la que terminará por definirse en el Congreso de la Unión, después de los diálogos que se están llevando a cabo en diferentes puntos del país.
Estos encuentros servirán acaso como válvula de escape para la presión que logre ejercer la oposición, pero en los hechos, los números de Morena y aliados en la próxima Legislatura que entra en funciones el 1 de septiembre, les serían suficientes para aprobar la reforma sin mover una coma.
Lo mismo podría ocurrir a partir del 1 de octubre en el Congreso de Tamaulipas, donde el PAN y el PRI tendrán un papel meramente testimonial.
Por todas esas razones es cada vez más evidentes: la reforma judicial va, y muy pronto será ley.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
