Democratizar la justicia es el siguiente paso de la 4T y es lo que menos desean quienes han hecho negocio imponiendo el sello de la casa, es decir, impartiendo impunidad a cambio de “compensaciones” fácilmente imaginadas. Nada ha sido más evidente que las dudas y sospechas sembradas en el actuar de la SCJN, institución cuya desconfianza tocó fondo. Ya no hay más, la tolerancia terminó y la renovación es obligada.
No se trata de una reforma “sino de una revolución”, asegura Gerardo Fernández Noroña y tiene razón. Ni modo de negar que el poder judicial se convirtió en defensor inequívoco de casos que a la luz pública merecen condena, precisamente por ir a contra flujo del interés mayoritario. Y hay que ver a jueces, magistrados o ministros cuyos veredictos significan festín para pocos y desgracia para los más, éstos que deben resignarse a padecer esta enfermedad que obstaculiza el combate a la corrupción.
Ha sido una lucha “cuerpo a cuerpo” del Ejecutivo y Legislativo para convencer al judicial de que la construcción de la nueva república es tarea de todos, y sin embargo pueden más las consignas provenientes de élites sobrevivientes del pasado. Y es que está “científicamente” comprobado que la SCJN es el mejor y más seguro refugio para los que buscan protección después de haber pisoteado la dignidad nacional en todas sus variantes.
Para fortuna, aumenta la convicción de que quienes impartan justicia deben ser producto del voto popular. “¿Por qué el miedo?”, pregunta AMLO. La respuesta es infantil y ridícula porque alude a presunta “agresión a la libertad y soberanía”, cuando es exactamente lo contrario. La realidad, todos la conocemos, es que la burocracia de cuello blanco perdería los privilegios a que está acostumbrada. Así de sencillo.
La Jefa Claudia está cierta de que la SCJN en las condiciones actuales no es útil a los objetivos de la 4T por lo tanto tendrá que cambiar y de raíz. No hay otro remedio. Para el efecto los legisladores morenistas y aliados están listos para actuar en consecuencia a partir del primero de septiembre. Tal vez AMLO se vaya con la satisfacción de solucionar esta prioridad en el último mes de su gestión, de no ser así, el asunto quedará en suerte para que Sheinbaum aplique la estocada final contra la mafia encargada de etiquetar la justicia al mejor postor.
Norma Piña, la insolente presidenta del PJ tuvo el atrevimiento de burlarse de los otros dos poderes. Ahora los busca en desesperado afán por llegar a un acuerdo cuando la única opción es democratizar la justicia como sucede en innumerables países, incluidos algunos de los más desarrollados y no pocos de los más pobres donde el humanismo es símbolo de vida igualitaria.
Jueces y magistrados de circuito que suman unos mil 700, señalan en carta abierta a la presidenta Electa que al ser electos por voto popular “desaparecerá la carrera judicial en la que tanto se ha invertido los últimos 30 años”. ¿Invertido?, ¿para favorecer a quién?. Que no se hagan pendejos.
SUCEDE QUE
Gracias a Américo Villarreal Anaya Tamaulipas se internacionaliza. El mensaje en la ONU no solo es un documento de presentación del gobierno democrático que dirige sino señal de que nuestro suelo es garantía de buena inversión con un plan de desarrollo viable y eficaz. Nada que ver con promoción política, se trata de la proyección del estado hacia planos no imaginados por gobiernos anteriores dominados por la ambición y voracidad material. La diferencia es clara y ni modo que sea invento porque el mundo-mundial ya lo sabe…Mientras tanto, los reaccionarios pierden otro round. Y es que los traidores a México suponían a la iglesia católica “enemiga irreconciliable” del supremo gobierno, pero resulta que Rogelio Cabrera López, presidente del Episcopado Mexicano está más que satisfecho de lo realizado por AMLO y deje, también aplaude la elección de la Jefa Claudia. ¡Tengan p’a que aprendan!…pelaos estos.
Y hasta la próxima.
POR MAX ÁVILA
