Por el contexto político que vive el estado, los principales organismos encargados de fiscalizar el gasto público tienen
ahora una oportunidad única de hacer valer sus facultades.
Los siete años que la Auditoría Superior del Estado operó bajo el mando de Jorge Espino Ascanio, ésta fue empleada como un instrumento más de presión política y tratada como una empresa cuya “recaudación” benefició a un círculo cerrado.
Aún hoy, hay cuentas públicas cuya legitimidad está en duda por el trabajo desaseado que realizó la ASE.
Un simple vistazo al último reporte semestral publicado recientemente en la página web del organismo revela la gran cantidad de asuntos que se quedaron atorados y que nunca trascendieron.
La protección para los más cercanos a la administración panista fue tan evidente que ahora mismo está en proceso la reapertura de más de 100 cuentas que se aprobaron en automático, casi sin ver.
Algo similar ha ocurrido en la Fiscalía Anticorrupción que desde su concepción fue prevista como una herramienta de acoso contra opositores políticos al régimen cabecista.
Su “fundador”, Javier Castro Ormaechea -actual magistrado del Supremo Tribunal de Justicia- operó exclusivamente en favor de los intereses de la administración y más adelante, Raúl Ramírez Castañeda confirmó la condición persecutora del organismo.
El climax de esas prácticas se dio en la víspera de las elecciones del 2021 y después del 2022, cuando arreciaron los carpetazos contra políticos de Morena, e incluso contra panistas y priístas -considerados adversarios- a quienes se presionó para que bajaran los brazos, o se sumaran a la empresa cabecista.
Ahora, con un poco de eficacia legislativa para aprovechar la próxima mayoría calificada, los diputados de la 4T no deberían tener mayores problemas para conseguir la salida del eterno fiscal anticorrupción.
Lo importante será, desde luego, hacer un nombramiento a la altura para que se organismo opere de manera correcta y acelere el proceso de rendición de cuentas de quienes cometieron desfalcos millonarios en el pasado.
Acaso la duda más grande en este momento sea sobre el futuro de Irving Barrios, quien ha pasado por diferentes estados en su relación con el Ejecutivo.
En todo caso, el gobernador tiene los votos necesarios en el Congreso para proponer cambios también en la Fiscalía General de Justicia.
Cambios en el ITCA
El relevo en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes ya es un hecho y lo único que no está definido es cuándo se va a confirmar.
Podría ser cuestión de días, o quizás semanas, pero más temprano que tarde se dará a conocer la salida de su actual titular.
El deseo obvio es que en su lugar sea designado alguien con las credenciales para ocupar esa posición que cuente sobre todo con experiencia y capacidad para la gestión cultural. Ya hay varios nombres en la mesa.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
