A reserva de conocer la conformación final de la 66 Legislatura una vez que el IETAM reparta las posiciones plurinominales y luego los tribunales las avalen, parece que las acciones afirmativas para incluir a representantes de grupos vulnerables se quedaron cortas.
Al menos entre los ganadores por la vía de las urnas, es decir en los 22 distritos de mayoría relativa, no se advierte la presencia de diputados electos que se autoadscriban como pertenecientes a los colectivos de la diversidad sexual.
En el caso de las personas con discapacidad sí estará presente por un periodo más el diputado de Reynosa, Marco Gallegos.
Tampoco se ve, al menos por lo que se conoce de su vida pública, que entre los diputados que tentativamente ingresen por la vía plurinominal, haya personas migrantes.
La adecuación a la ley electoral de Tamaulipas el año pasado obligó a los partidos políticos a incluir una fórmula de candidatura migrante en las primeras siete posiciones de representación proporcional.
El reglamento que aprobó el IETAM para este fin, definió el concepto de migrante como aquella “persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, con residencia binacional. Sin perjuicio de esta definición, este Reglamento se refiere a las personas nacidas en Tamaulipas que residan fuera del territorio nacional”.
Es verdad que esta redacción abrió la puerta para que muchos fronterizos con residencia legal en Estados Unidos -por más que hagan su vida en el lado mexicano- pudieran aspirar a ser candidatos con esa condición.
En el ámbito federal, por ejemplo, llamó la atención de una panista tamaulipeca: Blanca Leticia Gutiérrez Garza.
Cercana a los Cabeza de Vaca, fue inscrita en la posición seis por lo que podría alcanzar una diputación plurinominal en la Cámara de Diputados.
El mismo perfil que entregó al Instituto Nacional Electoral confirma que su vida laboral ha transcurrido en México, donde fue regidora, funcionaria municipal y estatal.
Para comprobar su residencia en Estados Unidos, presentó una matrícula consular y su registro en el Registro Federal de Electores para votar desde el extranjero, ambos tramitados apenas en el mes de diciembre del 2023.
Además presentó dos cartas de organizaciones migrantes que la reconocieron como “socia solidaria”.
Ello fue suficiente para que el INE acreditara que “reside en Estados Unidos de América al menos desde junio del año 2017 y mantiene un vínculo con la comunidad migrante al menos desde junio de 2017”.
Como en el caso de la paridad de género que elección tras elección se ha ido solidificando en Tamaulipas, para que los grupos vulnerables se vean representados en los organismos políticos del estado, falta fortalecer las acciones afirmativas, hasta que los partidos las atiendan de manera correcta.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
