El INEGI en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, documento que recaba información sobre las características del delito, el contexto de la victimización y el impacto económico y social del delito reporta que solo el 10.9% de los delitos son denunciados y de los casos denunciados sólo en el 60.3% el ministerio público o fiscalía estatal inició una carpeta de investigación.
Es decir, en el 92.4% de los casos no hubo denuncia o no se abrió una carpeta de investigación. Los delitos de extorsión y fraude son los que menos se denuncian (97.4 % y 96.5%) y el robo total de automóvil es de los que más se denuncian (el 37.7% no se denuncia) probablemente motivados por el reclamo al seguro del coche. Ahora, del 10.9% que si se denuncian, el 30.7% no se inició una carpeta de investigación.
Del total de las carpetas iniciadas por el fiscal o ministerio público, en el 46.1% de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación y sólo en el 4.6% de los casos se puso al delincuente a disposición del juez. Si queremos justicia eficaz, pronta y expedita necesitamos entender el proceso a través del cual se atacan los delitos y utilizar datos para mejorarlo, no solo hacer juicios a priori sin entender las causas reales.
En el mismo informe se establece que las causas para no denunciar son; por pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad, trámites largos y difíciles, actitud hostil de la autoridad, miedo a que lo extorsionaran. En este punto aún estamos en la etapa de detectar, investigar y formar las carpetas en las que se sustentaran las acusaciones ante el juez, esta etapa la lleva a cabo el ministerio público y la fiscalía, órganos que no pertenecen al poder judicial. Es el ministerio público el encargado de investigar y en su caso, acusar ante un juez al delincuente, el juez, si pertenece al poder judicial que es el árbitro, es el que conoce las leyes y es el que aplica las sanciones. Por otro lado, muchas de las acusaciones presentadas por el fiscal o ministerio público se caen por no estar bien sustentadas o no seguir el debido proceso.
En septiembre de 2023 visitó a México, invitados por el gobierno mexicano, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria encontrando como uno de los puntos más importantes a resolver el de la detención preventiva oficiosa, medida prevista en el artículo 19 de la constitución mexicana que permite enviar a prisión a los acusados de determinados delitos de forma automática y sin que un juez lo decida y el Grupo señala en su reporte que debe ser considerada como una medida excepcional para garantizar la disponibilidad del acusado durante el proceso penal. En 2022, señala el reporte de la ONU, de las 90,000 personas que había en detención preventiva (denominada “en proceso”) alrededor del 50 % estaban sujetas a detención preventiva oficiosa prolongada, incluso algunas seguían en prisión preventiva oficiosa a más de 5 años desde su detención, es decir 45 000 personas estaban detenidas sin pruebas suficientes para ser acusadas ante un juez. De hecho, el grupo hace la recomendación de que “Las autoridades mexicanas deben armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la constitución y estableciendo que la detención preventiva solo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de que el acusado se fugue, cometa una reincidencia grave o manipule las pruebas o testigos”.
La reforma al poder judicial busca la elección por voto popular de quienes integran el Poder Judicial en una elección extraordinaria en 2025; la reducción de su tiempo en el cargo y de su salario, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal y dar mayores casos en los que pueda aplicarse la prisión preventiva oficiosa. En cuanto a La Fiscalía, que se encarga de establecer estrategias en investigaciones federales, además coordina y supervisa las actividades del Ministerio Público Federal (MPF). Y a los MP estatales que son responsables de la procuración de justicia a nivel local, donde investigan y persiguen delitos del fuero común dentro de su entidad federativa, como homicidios, robos, lesiones, entre otros y que como ya vimos es donde hay mucha tarea por hacer, la reforma propuesta no dice nada. Que hay corrupción en estas instancias ¡Por supuesto! como en todo el sistema político mexicano. Pero pareciera que ese es el estado que quiere las cosas el gobierno. Por cierto, Tamaulipas ocupa el nada honroso cuarto lugar entre los estados donde no hubo denuncia o carpeta de investigación con un 95.1% de no denuncias, sólo abajo de Guerrero, Zacatecas y Sinaloa.
POR FRANCISCO DE ASÍS
