Sobre terreno todavía movedizo, esta semana el INE dio inicio al primer proceso electoral de la historia con el que se elegirán a los integrantes del Poder Judicial Federal.
Junio del 2025 marcará un hito en la historia electoral de México, pero también un enorme reto logístico que pondrá a prueba a las instituciones del país.
Tamaulipas, no es la excepción y también enfrentará desafíos cruciales para garantizar su éxito.
El artículo octavo transitorio de la reforma judicial señala que las entidades federativas deberán armonizar sus leyes para que el proceso electoral de jueces y magistrados federales se complete en 2027 o, de manera extraordinaria, en junio de 2025.
Para definir el camino, el Congreso tiene 180 días, y a unos días de que la Legislatura 65 baje la cortina, la tarea corresponderá a los nuevos diputados.
Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), subraya que esta decisión es fundamental para evitar retrasos en la renovación de los cargos judiciales.
Es decir, si como adelantó el futuro presidente del Congreso, Humberto Prieto, quieren que la primera elección judicial local también se realice el próximo año, ya van tarde.
La magnitud de esta elección es de tomarse en cuenta: se estima que en Tamaulipas se votará por al menos 24 jueces y magistrados de distrito y nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, habrá que sumar la posible votación de los 103 juzgados de Primera Instancia, repartidos en 15 distritos judiciales, que abarcan áreas como civil, penal, familiar y justicia para adolescentes, entre otras.
Cada uno de estos jueces y magistrados deberá ser sometido a la voluntad popular, lo que convierte a esta elección en una operación compleja.
Uno de los principales retos será la organización de la logística electoral. A diferencia de las elecciones tradicionales, donde se eligen representantes del Poder Legislativo o Ejecutivo, esta votación implica una enorme cantidad de cargos especializados.
El proceso no solo involucra a los órganos electorales, sino también a instituciones del ámbito judicial, que deberán adaptarse a la supervisión y organización de candidaturas.
Los jueces y magistrados interesados en ser electos tendrán que registrarse como candidatos y someterse al escrutinio público, un terreno desconocido para ellos.
La falta de recursos también es otro asunto a tomar en cuenta para que no se convierta en un obstáculo.
El presidente del IETAM ha destacado que en su anteproyecto de presupuesto no están contemplados los fondos necesarios para llevar a cabo una elección extraordinaria en 2025.
Si bien el Congreso tiene hasta diciembre para definir el presupuesto de los entes públicos, el tiempo apremia.
Además de asegurar los recursos, será fundamental que los órganos electorales y legislativos trabajen coordinadamente para implementar esta reforma sin generar retrasos ni afectar la integridad del proceso electoral.
El reto, como puede verse, es mayúsculo.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
