La reforma constitucional al Artículo 123, para garantizar que los aumentos al salario mínimo deban cubrir, al menos, la inflación observada durante el período de su vigencia, la votaron a favor las seis fracciones camerales del Palacio Legislativo de San Lázaro. Y aunque cada una se atribuye el logro, ninguna exigió que el incremento a los precios no sea ‘disfrazado’ como se acostumbra
En este mismo espacio, le he comentado que en México suman ya 21 millones los obreros (+/-) que perciben salarios de hambre.
Jornales miserables que resultan insuficientes para cubrir, al menos, la canasta básica y hasta ofensivos cuando se comparan con los sueldos que se pagan en otros países.
De ahí que los asalariados y las víctimas del infame sindicalismo, cada año, hicieran público su repudio a la política laboral del gobierno en turno; y a la intentona presidencial del momento de gravar aún más sus deplorables economías con más o nuevos impuestos, y alzas desmedidas a los precios de la canasta básica de alimentos.
En esas manifestaciones quedó en claro que la clase trabajadora llegó al límite de ser mediatizada por el corporativismo de los ‘charros’, quienes, durante décadas, con la complicidad gubernamental, la manipularon hasta el grado de ignorar sus demandas y negarse a escuchar las quejas que por lo regular fueron en el mismo sentido: los salarios de hambre.
Las protestas de la clase trabajadora, por tanto, serían la mejor prueba de que los trabajadores mucho desconfían de la relación tripartita gobierno-patrones-dirigentes.
Y esa misma desconfianza, aunada a la desesperación obrera por no tener qué comer, en un futuro inmediato hasta amenazó con motivar un estallamiento social donde los trabajadores serían la punta de lanza de todo un pueblo que se niega a morir, merced a los sueldos de miseria, a los impuestos y a la opresión en que vivía, como seguramente usted igual lo estima.
Actualmente son 11 millones los obreros sindicalizados en todo nuestro país que, en apariencia, gozan de prestaciones, mientras otros 12 millones carecen de representación gremial, por lo que son presa fácil del abuso patronal.
Esto, de acuerdo con un estudio realizado por la empresa Warton Econometric, donde se refiere que México tiene la necesidad de crear un millón de empleos anuales para enfrentar la problemática laboral.
Dicho análisis dice que a los 45 millones de mexicanos que conforman la población económicamente activa, anualmente se suman 3 mil 600 solicitantes de empleo, estrellándose contra una exigua oferta que ahonda la tragedia de miles de familias sin ingresos y agigantan, a la vez, la pléyade de delincuentes que para sobrevivir recurren a las actividades ilícitas.
Por si fuera poco, la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, revela que el salario ya perdió el 40 por ciento de su poder adquisitivo y en lo que va de este año el porcentaje aumenta de manera considerable, mientras el incremento a los productos básicos se ha disparado en forma indiscriminada, sobre todo en los productos de la canasta básica, poniendo en grave peligro la sobrevivencia de los trabajadores.
En los últimos 12 años sólo se han generado casi tres millones 500 mil empleos.
Es decir, existe un déficit de casi siete millones de plazas, sin tomar en cuenta que cada año se suman a la sociedad un millón de desempleados, al alcanzar la mayoría de edad, de los cuales sólo el 0.2 por ciento logra obtenerlo, merced al cierre de empresas que por falta de seguridad se han ido del territorio nacional.
Por otro lado, cabe destacar que la industria de la representación obrera ha producido miles de siglas –sindicatos, confederaciones, federaciones, asociaciones y frentes–, tanto a nivel federal como estatal y municipal, pero ninguna de esas organizaciones goza de credibilidad.
Con la reforma al Artículo 123 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, se pretende que además de los maestros de tiempo completo del nivel básico, los policías, guardias nacionales integrantes de las fuerzas armas, así como médicos y enfermeros perciban un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Esta se reforma se trata del cuarto decreto del llamado plan ‘C’ que el pleno de San Lázaro concreta en lo que va del mes de septiembre. Y para continuar con el proceso parlamentario se envió al Senado de la República, donde seguramente se aprobará para ser decretado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que antes de concluir septiembre entre en vigor.
No obstante, la medida deja fuera de la justicia salarial a la burocracia.
Así que se espera otra modificación al precepto legal, pues no es justo que a los servidores públicos transitorios o extraordinarios se les pague un salario que apenas alcanza el 50 por ciento del otorgado a los trabajadores sindicalizados.
POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA
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