Debe ser difícil para la bancada de Acción Nacional enfrentar su nueva realidad. Ayer, por lo pronto, no les quedó más que aceptar que su nuevo rol en el Congreso de Tamaulipas es meramente testimonial.
La distribución de las comisiones, de acuerdo con lo que se expuso en el Pleno, se hizo en base a lo que dictan las leyes reglamentarias del Poder Legislativo.
En base a la representación que tienen en la 66 Legislatura, el crédito les alcanzó apenas para alcanzar ocho presidencias, todas ellas por cierto, intrascendentes en términos políticos.
Gerardo Peña, quien en otros tiempos llegó a ser un poderoso presidente del Congreso, ahora presidirá solo la Comisión de Cohesión Social.
Marina Edith Ramírez la de Pesca y la de la Medalla Luis García de Arellano; Pepe Schekaibán la de Zonas metropolitanas y la de Desarrollo Sustentable; y María del Rosario González la de Niñez, Adolescencia y Juventud.
Las principales, sobra decir, quedarán en manos de diputados de la 4T, sobre todo de aquellos que alcanzaron la reelección.
En la de Finanzas repetirá como presidente, Isidro Vargas, quien también presidirá la de Justicia.
La de Puntos Constitucionales será para Eliphalet Gómez, quien también estará al frente de la Vigilancia de la Auditoría; la de Gobernación para Magaly Deandar y la de Seguridad para Marco Antonio Gallegos.
Especial expectación causó la conformación de la Comisión Instructora, cuyo presidente será Humberto Prieto y la Secretaria Magaly Deandar.
De los cinco vocales serán tres de la 4T, una del PAN y uno de Movimiento Ciudadano.
¿Por qué resulta importante este órgano legislativo? Porque ahí se definen los posibles desafueros. Y a juzgar por la habilitación que ordenó el Tribunal Electoral para que Ismael García Cabeza de Vaca rinda protesta y se integre a la Legislatura, nadie debería descartar que más pronto que tarde se active dicha Comisión.
A rescatar el centro histórico de Tampico
De los 43 municipios de Tamaulipas, Tampico tiene el centro histórico más valioso por su carácter cultural, y más atractivo para el turismo.
Pero ya no puede evadirse el hecho de que está lleno de inmuebles cuyas condiciones se han vuelto riesgosas para quienes todavía los utilizan, y para los peatones.
No es fácil echar a andar un programa de rescate de edificios históricos, porque su rehabilitación resulta muy costosa y porque en muchos casos, las propiedades están inmersas en procedimientos jurídicos que impiden intervenirlos.
Pero un patrimonio tan preciado bien vale la pena el esfuerzo de autoridades de todos los niveles y de actores de la iniciativa privada, para evitar que los edificios se sigan desplomando por falta de atención, o por la apatía de quienes no valoran la riqueza histórica y cultural de su ciudad.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
