CIUDAD VICTORIA, TAM.- A 18 días de que se haga efectiva la renuncia del aún Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, el Congreso del Estado ya lanzó la convocatoria para elegir al próximo titular, la idea sería tenerlo antes del 31 de octubre.
Y es que la actual administración de Américo Villarreal ha presentado 76 denuncias por diferentes delitos de corrupción en contra del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y otros 100 ex servidores públicos.
El avance prácticamente nulo de las indagatorias por parte de dicha Fiscalía para la judicialización de los casos, llevó a confrontar al Congreso del Estado con Ramírez Castañeda, quien mantiene bajo resguardo expedientes presentados desde el 2022. De ellos, apenas se han judicializado cuatro de ellos, uno contra la ex Directora Administrativa de la Contraloría Gubernamental, Alejandra “R”, a quien se le acusó del delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.
La denuncia interpuesta en noviembre del 2022, señalaba que la ex funcionaria habría realizado cobros como proveedora, siendo directora administrativa de la dependencia, quien fue vinculada a proceso, pero por el delito de peculado, que no tiene señala prisión preventiva oficiosa.
El 14 de junio de 2023, la Asesoría Jurídica del Gobierno del Estado, presentó recurso de apelación en contra de la determinación del Juez de Control por haber reclasificado el delito, siendo turnado el recurso, al Magistrado de la Sala Regional Victoria.
Luego el 29 de septiembre de 2023, el Magistrado emite ejecutoria, en la que resuelve modificar el auto de vinculación a proceso en contra de Alejandra “R”, señalando que el delito que posiblemente se actualiza es el de ejercicio abusivo de funciones y no el de peculado.
Uno más fue la vinculación a proceso del ex Secretario de Educación, Mario “G”, a quien se le acusó de ejercicio ilícito del servicio público, según consta en la carpeta 14/2023.
El caso se relaciona con la celebración irregular de convenio por parte de Mario “G”, en su calidad de Subsecretario de la SEP con la empresa Metlife México S.A., en el que estableció un cobro a la aseguradora sin tener facultades para ello, por la retención del pago de seguro a los trabajadores.
De acuerdo con la acusación, los recursos los utilizó el entonces funcionario para realizar diversos pagos a proveedores y servicios, así como pagos que se hizo así mismo, sin que ninguno de estos movimientos fuera regulado por la Secretaria de Finanzas.
Otra denuncia es la presentada contra el ex Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Gilberto “E”, a quien se le acusó en octubre del 2023 del delito de ejercicio ilícito del servicio público, según la carpeta de investigación (257/2023). Al ex funcionario se le acusa de condonar a empresas las multas e infracciones a las que se hicieron acredoras al incumplir las normas de desarrollo rural; el presunto daño al erario estatal suma 4 millones 786 mil 320 pesos.
El 15 de enero de este mismo año se llevó a cabo la audiencia donde un juez de control lo vinculó a proceso pero por el delito de uso indebido de atribuciones, imponiendo medidas como la presentación cada 15 días a firmar ante la autoridad en el municipio de Reynosa.
Una acusación más fue para el ex Secretario de Administración, Jesús Alberto “S” y la ex Contralora Elda Aurora “V”, quienes fueron vinculados a proceso por un juez de control por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, según consta en la carpeta 86/2024. De acuerdo con la indagatoria en junio del 2022, adjudicaron de manera directa 14 contratos a dos personas morales y una física, por un monto total de 8 millones 233 mil 500 pesos, para lo cual fraccionaron el importe total de los servicios señalados en los referidos contratos.
El ex funcionario enfrenta una segunda denuncia presentada en febrero de este 2024, por el abogado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por el presunto desvío de más de 180 millones de pesos. En la denuncia en la que se señala también al ex Rector Guillermo “C”, seseñala una simulación de entrega de recursos a través de un “contrato de adhesión de pago”, algo ilegal para una entidad pública.
La simulación convertida en Peculado contra la UAT sería la entrega de un inmueble con un valor real de 13 millones y al que se le asignó un monto de 187 millones de pesos, como parte de los mil 650 millones que el Estado debería entregar a la Universidad como aportación. En la cancha de la Fiscalía Anticorrupción hay más denuncias presentadas por el gobierno de Américo Villarreal y al menos 70 más que la Auditoría Superior del Estado también sumó, contra funcionarios actuales y pasado de ayuntamientos y organismos operadores del agua, según anunció recientemente su titular, Francisco Noriega Orozco.
El funcionario comentó que las denuncias se derivaron de la revisión de los documentos de las entidades, donde se detectaron irregularidades que derivaron en 140 procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas graves y 70 denuncias de hechos presentadas ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción.
El trabajo en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas se acumula, de allí la prisa por encontrar a un nuevo titular que agilice las indagatorias y lleve a judicializar las denuncias.
LENTO AVANCE DESDE SU CREACIÓN
Desde que en julio del 2017, el Congreso de Tamaulipas aprobó la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los avances en estos años han sido lentos. Tan solo en los primeros cinco años de las más de mil denuncias presentadas, se judicializaron apenas el 5 por ciento y solo se obtuvieron cinco sentencias condenatorias.
De las que tres fueron por abuso de autoridad ejercido por dos policías estatales y un tránsito municipal y dos más por cohecho por parte de dos funcionarios de la Dirección de Pagos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. La llegada de Raúl Ramírez Castañeda a la dependencia, no significó ninguna mejora en los resultados.
Electo el 8 de septiembre del 2021 para un periodo de ocho años durante la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, los casos destacados presentados, estaban relacionados a “enemigos políticos” del entonces mandatario estatal.
Entre ellos, el ex gobernador Eugenio Hernández, quien sumó al menos cuatro procesos penales que lo mantuvieron en la cárcel casi seis años, acusado de diversos delitos.
SU PASO POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE TAMAULIPAS
Raúl Ramírez Castañeda llegó a la Fiscalía Anticorrupción, luego de dejar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), creada por García Cabeza de Vaca, para investigar los presuntos desvíos a las arcas estatales por parte de la anterior administración de Egidio Torre Cantú.
En ese momento, el titular de la UIFE anunció en rueda de prensa el 6 de julio del 2020, que se había detectado un entramado que involucraba a ex funcionarios estatales en la simulación de empresas “fantasmas” beneficiadas con contratos ilegales que sumaron más de 2 mil millones de pesos. El llamado “Caso de los seis”, involucraba al ex titular de la Secretaría de Finanzas, Jorge Silvestre, “A”, el ex subsecretario de ingresos, Cristobal “R” y el ex jefe de Pagos de la misma Secretaría de Finanzas, Jorge “N”, señalados como los artífices de la creación de al menos 52 empresas que tenían el mismo domicilio. De los tres señalados, solo Cristobal “R” fue detenido el 20 de julio del 2020 en la Ciudad de México, acusado de associación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de funciones y faculades como servidor púbico, pero finalmente fue puesto en libertad en septiembre del 2021, cuando una jueza cambió la medida cautelar para que siguiera su proceso en libertad. Otras tres personas fueron detenidas y cinco
más vinculadas a proceso por este caso, aunque se presumió que existían 103 órdenes de aprehensión como parte de 23 carpetas de investigación integradas en este caso. Con el paso del tiempo, el caso quedó en el olvido, pues los reflectores apuntaron al ex gobernador Eugenio Hernández, detenido en Victoria el 7 de octubre del 2021, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la adquisición en 2007, de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, según el expediente 005/2021, para sumarse otras tres acusaciones. En las primeras horas del 26 de agosto del 2023, Hernández Flores salió del penal de Tenango del Valle en el Estado de México, absuelto de todos los delitos que se le acusaron.
FISCAL REPRUEBA EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA
Tras relevar a Javier Castro Ormaechea, convertido en magistrado; Raúl Ramírez Castañeda llega a la Fiscalía Anticorrupción, donde continuó dando publicidad a casos emblemáticos, pero en la práctica con resultados pobres.
El reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2021, ubicaron a este organismo en un nivel de cumplimiento regular en el marco jurídico. Esto, debido a que no contaba con reglamento interno, manual de procedimientos, protocolo de investigación ni de audiencia y tampoco de protección a testigos; y en el eje de resultados su calificación simplemente fue catalogada como deficiente.
La Fiscalía fue una de las pocas que tuvo un aumento de presupuesto entre 2021 y 2022, el cual fue del 14 por ciento, pero al mismo tiempo que lograron este incremento, el número de Ministerios Públicos pasó de 13 en 2020 a tan solo ocho en 2022.
A un año de la llegada de Ramírez Castañeda a la Fiscalía Anticorrupción, el número de carpetas judicializadas apenas alcanzó el 2 por ciento, pese a contar con un presupuesto de 27.1 millones de pesos.
Además de otros 2.7 millones de pesos de fondos del Proyecto de Inversión del programa “Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública”, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP). Los números de la dependencia encargada en combatir los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, indicaron que de 488 carpetas de investigación integradas en ese año, solo 14 se judicializaron.
El 26 de octubre de 2022 llegó hasta la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado el oficio CNI/DG/319/2022, documento en el que Audomaro Martínez Zapata, Director General del Centro Nacional de Inteligencia, informó que Raúl Ramírez Castañeda, el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, no cumplió con uno de los requisitos esenciales para ser nombrado titular de la Fiscalía: la no acreditación de los exámenes de control y confianza.
Apenas ocho días después, el Fiscal tramitó un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el Fiscal General de Estado y el Fiscal en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia.
En su demanda, dijo que era siendo objeto de “infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, alteración de la salud mental y acoso laboral por su exposición en redes sociales, prensa escrita y televisión”. Además de “ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y el peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas que le fueron asignados para el desempeño del encargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción”.
Por Perla Reséndez
