“Es contraproducente desorientar a la sociedad. El contenido de una reforma constitucional NO es impugnable”
_Diego Valadés, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia, 5 de octubre de 2024._
El 16 de septiembre entró en vigor el texto de la Constitución que da nueva forma y funciones al Poder Judicial Federal incluyendo a la Suprema Corte de Justicia. Por eso es importante hacer un recuento de quién o quienes formaron parte del proceso de creación del nuevo Poder Judicial y qué hizo cada uno de los protagonistas.
EL PODER EJECUTIVO
Para atender el reclamo social de acabar con la impunidad y la corrupción y garantizar la aplicación de la ley y la impartición de justicia, el Presidente de la República, en febrero, envió al Poder Legislativo una iniciativa de reformas al Poder Judicial sobre tres ejes: Eje uno, la elección popular de ministros magistrados y jueces. Eje dos, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Organo de Administración Judicial. Eje tres, garantizar austeridad y transparencia en la Suprema Corte de Justicia. En septiembre promulgó el texto modificado de la Constitución relacionado a la nueva forma y funciones del Poder Judicial Federal
EL PODER LEGISLATIVO
Recibió en febrero la iniciativa de reforma del Poder Judicial e inició un amplio proceso de consultas para escuchar las opiniones y propuestas de los juzgadores federales, de colegios y barras de abogados, académicos e investigadores del derecho, representantes de la iniciativa privada y de organizaciones sociales. Las comisiones legislativas realizaron más de 100 modificaciones a la iniciativa original tomando en cuenta los resultados esas reuniones de consulta
Las comisiones legislativas sometieron su dictamen a la discusión y posteriormente a la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las legislaturas de las entidades federativas. En todos los casos la reforma fue aprobada por la mayoría calificada prevista en cada una de estas asambleas.
Se realizó la declaratoria de constitucionalidad y se remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación.
EL PODER JUDICIAL
Los ministros, magistrados y jueces federales acudieron, a partir de febrero, a los foros de consulta convocados por los legisladores federales y los legislaturas de los estados y emitieron sus opiniones y propuestas con respecto a la iniciativa en discusión.
Algunos jueces y ministros federales le demandaron a jueces federales amparos para impedir la discusión y posteriormente la publicación de las reformas aprobadas. Los jueces federales dictaron suspensiones de los actos reclamados ignorando la improcedencia que establece la Ley de Amparo contra las adiciones o reformas a la Constitución.
Desde agosto los juzgadores y los trabajadores del Poder Judicial han estado en paro indefinido de labores para impedir que se cumpla la legislación que permitirá a los mexicanos elegir jueces, magistrados y ministros; que crea un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que castigará la corrupción de los juzgadores, y un Órgano de Administración Judicial que liquidará los fideicomisos por 35 mil millones de pesos que les permiten tener ingresos millonarios y otros privilegios a los juzgadores, un Organo de Administración que depurará las nóminas de familiares consanguíneos, familiares políticos y amistades muy cercanas de los jueces, magistrados y ministros que están en el Poder Judicial Federal.
Está claro que desde agosto el Poder Judicial ha permanecido sin trabajar y sin cumplir su función que es aplicar la ley. Los paristas no están defendiendo la independencia judicial porque esa depende de su desempeño honesto y apegado a la ley como juzgadores, lo que están defendiendo son los privilegios que obtienen de la fortuna multimillonaria acumulada en fideicomisos y una carrera judicial ganada en el nepotismo, las amistades, los compadrazgos y la corrupción como requisitos indispensables. Los paristas tienen que asumir que esa era de abusos y ostentación llegó a su fin.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
