El proyecto de sentencia que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá someterá a discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el ingrediente que faltaba para agravar la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Lo que viene ahora es un choque de trenes que someterá al sistema democrático mexicano a un momento nunca antes visto.
Mientras el INE y el Senado aceleran la organización de las elecciones judiciales de 2025, el ministro -uno de los que llegó a la Corte propuestos por López Obrador- presentó su proyecto para invalidar algunos puntos nodales de la reforma, los más importantes de hecho.
Destaca desde luego la eliminación de la elección directa de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, así como la figura de los “jueces sin rostro”.
La propuesta responde a amparos presentados por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y otros legisladores que argumentan que el voto popular para estos cargos vulneraría la imparcialidad e independencia judicial.
En el proyecto de sentencia, el ministro señala que no existen garantías de que la ciudadanía pueda votar con información suficiente sobre perfiles judiciales especializados, lo cual pone en riesgo la certeza sobre los futuros impartidores de justicia.
“No existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado”, explicó Alcántara en su exposición.
El proyecto también propone anular los comités de evaluación, instancias encargadas de analizar los perfiles de los candidatos judiciales y controlar la inscripción de aspirantes, así como el método de selección para juzgadores federales. Al eliminar estos comités, el ministro busca evitar un sistema de selección centralizado que, en su opinión, podría distorsionar el proceso y abrir la puerta a intereses políticos, algo que pondría en riesgo la imparcialidad de las decisiones judiciales.
Sin embargo, el principio de elección popular “libre, directa y secreta” para ministras y ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial se mantiene intacto.
Lo que propone el ministro sería una suerte de cesión: que se vote por los nuevos ministros de la Corte, pero se mantenga el antiguo método de selección de jueces y magistrados federales.
Como al menos ocho ministros han mostrado su rechazo a la elección popular del Poder Judicial, cabe pronosticar que la propuesta de González Alcántara será aprobada.
También resulta fácil adivinar que el Ejecutivo rechazará la resolución por considerar que, la SCJN no puede echar abajo una reforma constitucional legalmente aprobada por las mayorías en el Congreso.
Frente a nosotros tenemos, la formación de una tormenta perfecta.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
