Los integrantes de la oposición al gobierno de Morena criticaron que la policía impidiera momentáneamente que los protestantes del poder judicial bloquearan el 17 de octubre la entrada al autódromo Hermanos Rodríguez para facilitar el ingreso de los pilotos del Gran Premio de México.
“Restringieron durante una hora nuestro derecho a manifestarnos”, expresaron, mientras que los adversarios del gobierno de la 4T, así como jueces y ministros de la corte, aprovecharon para acusar al gobierno de la presidenta Sheinbaum de amenazas y enemigo de la libertad de expresión.
Sin embargo, parece que olvidaron la represión y las matanzas perpetradas por los gobiernos del PRI de Diaz Ordaz y Luis Echeverría contra aquellos que exigían libertad, democracia y justicia, como la del 2 de octubre de 1968 de Tlatelolco en el que masacraron a cientos de estudiantes y en la del Jueves de Corpus de 1971 a 70 manifestantes.
También los asesinatos de 12 personas cometidos por la policía de la ciudad de México del rio tula durante el gobierno de López Portillo, la matanza de 17 campesinos el 28 de abril de 1995 en Aguas Blancas de Coyuca de Benítez, Guerrero, del 22 de diciembre de 1997 y la de 100 indígenas de Acteal, Chiapas, del 22 de diciembre de 1997 en el de Ernesto Zedillo.
Aparentemente alguna especie de amnesia les impide recordar la represión de San Salvador Atenco Estado de México del 3 de mayo de 2006 cuando Peña Nieto era el gobernador, en la que murieron dos personas, ordenada para restablecer el orden, según justificó el mexiquense y el secuestro de la periodista Lydia el 14 de abril de 2006 ordenada por el “Gober precioso” de Puebla, Mario Marín, por denunciar una red de pornografía integrada por algunos amigos del mandatario.
Igual que el violento desalojo del plantón de profesores dispuesta el 14 de junio de 2006 por el gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz, en la que se registraron 8 víctimas mortales y otras más resultaron desaparecidas.
Guardan silencio asimismo que 65 legisladores de Acción Nacional votaron en contra de la reforma que propone elevar a rango constitucional los programas sociales, como las de pensiones de adultos mayores, discapacitados y estudiantes, a sabiendas de que beneficia a 30 millones de mexicanos.
Sin embargo, ahora se desgarran las vestiduras porque elementos de seguridad evitaran que cinco trabajadores judiciales trataron de cerrar la entrada al autódromo capitalino.
En lugar de enarbolar banderas de lucha social, como las injusticias que a diario se cometen en los tribunales judiciales del país contra malhechores pobres, para recuperar los espacios políticos perdidos en los últimos dos sexenios, elevan la voz contra actos de menor relevancia.
Sus grandes propuestas a lo largo del gobierno de AMLO, por ejemplo, fueron insultar al presidente con acusaciones de “dictador, autoritario, pinocho y falso mesías”, entre otras, y que luego se sorprendieran de que, a la hora de la elección del 2 de junio, los votantes les dieran la espalda.
Da la impresión de que no entienden que, con ese proceder, además de poner de relieve la pobreza política de sus exigencias, los opositores seguirán perdiendo adeptos y expondrán a los partidos políticos en los que militan al riesgo de perder el registro.
Por. José Luis Hernández Chávez
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