En México desde 1917 no hace falta convocar a la formación de un Congreso Constituyente para reformar la Constitución. Al presentarse una iniciativa de reforma constitucional se siguen las reglas que la propia Constitución preve para que la Cámara de Diputados, la de Senadores y las legislaturas de los estados hagan esas funciones como Poder Legislativo Constituyente, es decir, aprueban la iniciativa de adiciones o reformas a la Constitución por las dos terceras partes de los presentes en las cámaras del Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.
Esas han sido y son las reglas que han seguido durante mas de cien años los partidos políticos gobernantes, el PNR, el PRM, el PRI, el PAN y ahora Morena para hacer reformas a la Constitución. También forma parte de la legislación, desde el siglo pasado la improcedencia del amparo contra las adiciones o reformas a la Constitución.
En diversas épocas, durante el siglo veinte y el actual, los partidos políticos y diversos actores sociales intentaron acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o juicios de amparo contra reformas constitucionales y la Suprema Corte de Justicia invariablemente las rechazó por improcedentes.
Pero actualmente los integrantes del Poder Judicial se oponen abiertamente a las nuevas normas constitucionales que ponen el nombramiento de Ministros, Magistrados y Jueces en manos de los ciudadanos para que elijan con su voto a los titulares del Poder Judicial de la misma manera que eligen a los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
La crisis que pretenden generar ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia surge porqué siendo parte de la controversia quieren emitir una resolución sobre cinco acciones de inconstitucionalidad, pero los ministros no pueden ser juez y parte, deben excusarse de hacerlo como manda la ley y además ellos saben que el Poder Judicial nunca ha aceptado controversias contra reformas constitucionales aprobadas, ellos lo saben y le mienten a los ciudadanos diciendo que deben aceptarlas y resolverlas, abusando del Poder Judicial y de la buena fe de quienes les prestan atención.
Mientras tanto lo que si va a suceder es que las funciones que desempeñará el nuevo Poder Judicial son exactamente las mismas que llevan a cabo los actuales ministros, magistrados y jueces, lo que se espera de ellos es que cumplan cabalmente con su función de conceder y resolver amparos, aplicar las mismas leyes vigentes y que impartan justicia sin incurrir en prácticas corruptas, que cobren lo justo por hacer su trabajo y que no tengan a toda su familia y amigos en las nóminas Institucionales.
La oposición de derecha en México ha repetido miles de veces que la izquierda no es izquierda y que la transformación no transforma, y de tanto repetir esas mentiras ahora de verdad no entienden que el gobierno actual tiene una concepción totalmente distinta del poder público y que la reforma constitucional del Poder Judicial forma parte de la Cuarta Transformación.
Hay una nueva manera de concebir el poder del estado y nuevas normas constitucionales que regularan el funcionamiento de las instituciones para evitar su uso en beneficio de unos cuantos, como el abuso del Poder Judicial que actualmente cometen los jueces, magistrados y ministros, que liberan a los criminales más peligrosos, favorecen invariablemente a los poderosos y se resisten a abandonar sus privilegios a costa de la tranquilidad de todos.
Para que no quede duda de cual es el tamaño del abuso del Poder Judicial que cometen, además de emitir un proyecto de resolución para anular la elección de jueces y magistrados estipulada en las normas constitucionales del nuevo Poder Judicial, siete ministros anuncian anticipadamente su retiro con las prestaciones actuales que representan para cada uno de ellos una liquidación y una jubilación multimillonaria, en esa parte si están de acuerdo en acatar las reformas. Dos ministros ya hicieron pública su renuncia en esos términos.
En México seguirá habiendo división de poderes, poderes independientes y sólidos, pero el Poder Judicial estará al servicio de la nación y de la justicia y ya no será un instrumento de dominación al servicio de unos cuantos privilegiados. El nuevo Poder Judicial es una muestra de los ajustes que de manera sucesiva se tendrán que hacer para dar forma y sustento al estado democrático del siglo veintiuno.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
