Mañana comienza una nueva era en la procuración de justicia de Tamaulipas.
Por primera vez desde que fue creada, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dejará de ser un organismo al servicio de los intereses del cabecismo.
Este 31 de octubre, finalmente deja la titularidad el muy polémico abogado Raúl Ramírez Castañeda, y asume sus funciones, Jesús Govea Orozco, quien tiene la alta responsabilidad de hacer funcionar de manera correcta ese complejo organismo, tan maltratado en el pasado reciente.
Desde la creación en 2017 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas, los resultados han sido limitados. Durante los primeros cinco años, de más de mil denuncias, solo se judicializó el 5% de los casos, con apenas cinco sentencias condenatorias, tres por abuso de autoridad y dos por cohecho en funcionarios estatales.
Con la llegada de Raúl Ramírez Castañeda en 2021 bajo la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, la fiscalía mantuvo bajo investigación casos relacionados principalmente con opositores políticos, como el exgobernador Eugenio Hernández, quien enfrentó varios procesos legales y permaneció casi seis años en prisión hasta ser liberado en agosto de 2023.
Antes de asumir la Fiscalía, Ramírez Castañeda lideró la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), creada para investigar presuntas irregularidades en la administración de Egidio Torre Cantú. En julio de 2020, anunció la identificación de un esquema de desvío de más de 2 mil millones de pesos a través de empresas “fantasma”. Solo uno de los implicados, Cristobal “R”, fue detenido temporalmente.
En 2021, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) evaluó a la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, calificando su marco jurídico como regular y sus resultados como deficientes. Aunque el presupuesto aumentó un 14% en 2022, el personal y las judicializaciones disminuyeron, con solo el 2% de los casos procesados y un bajo desempeño general.
El 26 de octubre de 2022, el Centro Nacional de Inteligencia reportó al Congreso que Ramírez Castañeda no cumplió con los exámenes de control y confianza requeridos para su cargo. En respuesta, Ramírez solicitó un amparo alegando daño psicológico, difamación y exposición pública. Pese a su destitución en septiembre de 2023, un juez le permitió regresar a su puesto en octubre, amparándolo contra órdenes de aprehensión.
Finalmente, esa etapa parece superada.
Ayer Govea puso sobre la mesa objetivos claros a su llegada a la Fiscalía: llevar frente a la justicia a los ex funcionarios que en la anterior administración incurrieron en evidentes actos de corrupción.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
