Al margen de todo lo que se dice respecto a la legitimidad, del interés político y del revanchismo que se atribuye al compañero Andrés Manuel para impulsar una reforma constitucional que modifique el equilibrio de poderes en México, saber que la elección de jueces y magistrados tendrá un costo multimillonario, le quita valor a la narrativa oficialista.
Uno de los argumentos recurrentes de Andrés Manuel -repetido hasta la saciedad por sus fanáticos- es que los órganos autónomos y el INE ejercen presupuestos altos que, desde su particular opinión, no justifican su uso.
El Instituto Nacional Electoral estima que necesitará 13 mil millones de pesos para llevar a cabo todo el proceso de elección de jueces y magistrados, tal como lo aprobaron Morena y sus aliados del PT y el Verde en las dos Cámaras, como parte de la reforma judicial de López Obrador.
A simple vista, por la cantidad de dinero que se requerirá es enorme y que estando las finanzas públicas comprometidas y presionadas por el aumento en los montos de las pensiones -y la creación de nuevos esquemas asistenciales-, es fácil darse cuenta de que la reforma judicial será una enorme carga al presupuesto.
El dinero que se va a gastar en la preparación del proceso de elección de integrantes del Poder Judicial saldrá de los impuestos que pagamos todos: empresarios o asalariados, comerciantes o prestadores de servicios, aunque no de quienes se dedican a las actividades productivas informales. La inequidad es clara y por supuesto, tan injusta que no se necesita más que sentido común para entender la incongruencia.
La justificación del presupuesto solicitado por el INE se entiende cuando se sabe que debe pagar a personal, proveedores, programas y sistemas de control, monitoreo, capacitación y todo lo relacionado con una elección, lo cual es caro como se ha visto en los comicios anteriores.
Uno pensaría que las y los diputados, así como senadoras y senadores de Morena y sus aliados del Verde y el PT no pusieron atención a este detalle, pero no es creíble. En teoría, sabían muy bien lo que estaban votando.
Y así, atendiendo la instrucción del compañero Andrés Manuel en las últimas semanas de su gobierno, las y los diputados federales, así como los senadores actuales -incluyendo los de Tamaulipas-, decidieron que era necesario aprobar la iniciativa del agónico gobierno.
Sin ir a fondo en la evaluación del costo que tendrá organizar la elección de jueces y magistrados, alegremente aprobaron el regalo final para el compañero Andrés Manuel, quien se fue en medio de una humareda de incienso que le quemaron como tributo sus seguidores. Sí, como en el viejo régimen priísta en el que se formó.
El caso es que ahora, con los tiempos encima y la disposición constitucional aprobada, el INE tendrá que enfrentar el reto de organizar el proceso de elección de miembros del Poder Judicial y para eso necesita mucho dinero.
Claro que quienes han cuestionado siempre el trabajo de los consejeros ciudadanos del INE, volvieron a la carga y afirman que es mucho dinero y que tendrán que bajar el presupuesto estimado.
Nada más peligroso que eso, pues reducir el monto destinado a capacitar, monitorear, vigilar y realizar esa elección impactaría no solo en la calidad, sino en la seriedad misma.
Cuando insistió en su ocurrencia, López Obrador no ignoraba lo complejo y costoso que es organizar y llevar a cabo una elección para las Cámaras de Diputados y de Senadores, por lo que obviamente sabía que el costo es mayor cuando se trata de jueces y magistrados.
Pero siendo un hábil manejador de la opinión pública y un permanente detractor de quienes no piensen como él o no apoyaron sus pretensiones, instaló esa narrativa en el nicho que mejor recibe sus mensajes desde hace años, como si se tratara de verdades absolutas.
Un buen ejemplo de esto es que la austeridad que presentó como una premisa de su gobierno y que quedó relegada por las abundantes evidencias del despilfarro y el desvío de dinero público que ha quedado impune, es parte de la narrativa que reforzó su pretensión de romper el equilibrio de poderes para regresar al viejo estilo del PRIato, del que formó parte hasta que le cerraron el paso a finales de los años 80.
Para darse una idea de la cantidad de dinero que se plantea para la organización de la elección de jueces, representa prácticamente la mitad del presupuesto que el INE ha pedido para el próximo año.
En total, el organismo solicitó 40 mil millones de pesos y de esa cantidad, poco más de 13 mil millones se estima para llevar a cabo el proyecto para seleccionar a los nuevos miembros del Poder Judicial.
Quizá el mismo compañero Andrés Manuel como quienes aprobaron su iniciativa no analizaron a fondo el impacto económico de la decisión o simplemente actuaron con la misma ligereza que caracterizó en muchos casos al expresidente: al vapor.
La ocurrencia del compañero Andrés Manuel se refleja ya en un alto costo económico del proceso para elegir a jueces y magistrados, sin contar el aspecto político.
El desgaste de los apoyadores de la iniciativa de López Obrador y se quienes se resisten todavía a la reforma, va a aumentar conforme pasen los meses.
En medio queda el INE, expuesto a la misma diatriba impulsada en su momento por el compañero Andrés Manuel y secundada por sus seguidores.
Sin embargo, si alguien ve las cosas con objetividad y espera que la elección de miembros del Poder Judicial se haga con seriedad y tenga legitimidad -al menos en la forma-, debe entender que para eso se requiere mucho dinero que saldrá de nuestros impuestos.
ESCOTILLA
La Presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo ayer que no está de acuerdo en los 13 mil millones de pesos que el INE afirma necesitar, para llevar a cabo la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial.
No, bueno, pues en ese caso en vez de un proceso de elección serio, formal y legítimo, mejor que se proponga seleccionar a los jueces y magistrados en una tómbola, como acostumbra a hacer Morena. Saldría más barato y el resultado sería el mismo.
Por. Tomás Briones
abarloventotam@gmail.com
