Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfrenta a una jornada histórica.
Sin embargo, difícilmente algo de lo que determinen hoy modificará su destino.
El epicentro del debate son las acciones de inconstitucionalidad contra la reciente reforma judicial, condensadas en un proyecto que de hecho propone eliminar el alma de dicho decreto: la votación popular de los jueces y magistrados de todo el país.
El contexto es tan complejo como significativo.
En días recientes, el Congreso aprobó una reforma constitucional que limita la posibilidad de impugnar modificaciones a la Carta Magna. Esta reforma, publicada el pasado jueves, establece que las controversias o acciones de inconstitucionalidad sobre adiciones o reformas constitucionales serán improcedentes, aplicándose incluso a los casos en trámite.
La Cámara de Diputados ayer entró a la discusión y pidió que la Corte deseche las cinco acciones de inconstitucionalidad que se discutirán hoy, promovidas por diferentes partidos políticos en contra de la reforma judicial.
Pero aquí es donde la situación se vuelve aún más delicada. Para muchos, lo que está en juego no es solo el contenido de la reforma, sino la capacidad de la Suprema Corte para revisar y, si lo considera necesario, anular reformas a la Constitución.
El proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara, en sus 45 páginas, sostiene que la Corte sí puede revisar las reformas constitucionales, argumentando que el Poder Reformador no es omnipotente.
González Alcántara señala que si una reforma atenta contra los principios fundamentales del Estado mexicano, como su carácter republicano, democrático y federal, la Corte tiene la facultad de intervenir.
El Ministro plantea que la Constitución misma otorga los parámetros que limitan al Poder Reformador, evitando que, bajo el pretexto de modificar la ley suprema, se vulneren los valores esenciales de la República.
Pese a lo complejo de la discusión jurídica, es muy probable que lo que determinen hoy los ministros de la Corte no tengan mayor relevancia por que desde la Presidencia de la República ya se han mandando suficientes mensajes para confirmar que no comparten en lo más mínimo, la opinión de que la Suprema Corte pueda echara abajo la reforma.
Es decir, difícilmente el Ejecutivo acatará lo que decidan hoy los ministros.
Lo que vendrá entonces será una nueva discusión más subida de tono, pero que no será muy alejada de la narrativa política actual.
La oposición asegurará que México ha entrado ya -“ahora sí” a una nueva dictadura, y el oficialismo insistirá en que el mandato popular del pasado 2 de junio debe respetarse.
Sobra decir que en esta disputa los opositores a Morena llevan las de perder.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
