Las dificultades que marcan el camino de las personas migrantes en su tránsito por Tamaulipas aún prevalecen. Expuestos a todo tipo de peligros, miles de personas provenientes principalmente del triángulo norte de Centroamérica, cruzan por Tamaulipas con el objetivo de llegar a territorio estadounidense.
Sin importar los escollor que puedan enfrentar en el camino, salen en busca de mejores oportunidades de vida, aunque en el trayecto muchas veces sean víctimas de acciones que ponen en riesgo su vida.
De acuerdo con el diagnóstico de la movilidad humana en Tamaulipas elaborado por la Unidad Política Migratoria y el Centro de Estudios Migratorios en 2022, las condiciones de violencia para las personas migrantes aún se encuentran presentes en el Estado.
Entre 2016 a 2021, hubo al menos 334 delitos contra personas migrantes, lo que llevó a Tamaulipas a ocupar el cuarto lugar en este rubro, por debajo de entidades como Chiapas, Oaxaca e Hidalgo.
Los flujos de migrantes que llegan a Tamaulipas se caracterizan por pertenecer al triángulo norte de Centroamérica, (TNC), que comprende Guatemala, Honduras y El Salvador, los cuales salen de sus países principalmente por motivos de violencia, inseguridad, pobreza o desastres naturales.
A partir de 2019 la presentación de personas extranjeras que fueron presentadas ante autoridades mexicanas por no poder acreditar su estancia en México se disparó.
Tan solo en 2020 y en pleno auge de la pandemia por COVID-19, el número era de 16, 164 personas, cifra que se duplicó tan solo un año después. Las condiciones de inseguridad para este sector vulnerable se presentan de manera constante. Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el 38% de los menores migrantes mexicanos detenidos en Texas, se integraron a las filas del crimen organizado en labores de tráfico de migrantes.
Lo que subraya las condiciones de violencia para personas en condiciones de movilidad tanto extranjeras como nacionales. El contexto violento no es el único reto de enfrentan, al menos 4 de 10 migrantes que pasan por Veracruz, Tabasco o Tamaulipas, mueren ahogados, accidentados en trenes o por situaciones violentas.
Ante la expectativa de la amenaza Trump, por la deportación masiva de migrantes hacía México, Tamaulipas enfrentará un panorama de atención humanitaria relevante, ya que desde 2010, nuestro Estado es la principal entidad de cruce irregular de personas provenientes del triángulo norte de Centroamérica.
Ante la próxima crisis migratoria, el Instituto Nacional de Migración en conjunto con autoridades Estatales, han desarrollado diversas estrategias para atender a la población deportada. Sin embargo, se espera que el número de deportados supere la capacidad de albergues y refugios. En la frontera norte de Tamaulipas, son al menos 6 refugios los que trabajan de manera diaria en la atención humanitaria hacía este sector, 3 se encuentran en Reynosa, 2 en Matamoros y 1 en Nuevo Laredo.
El costo por cruzar “al otro lado” no solo se representa en los estragos físicos y emocionales que sufren los migrantes, sino también en su bolsillo. La operación del sueño americano, no es una travesía económica. Al menos el 90% de los guatemaltecos y el 85% de los salvadoreños que cruzan por Tamaulipas pagan “coyote”. En menor cantidad, pero representando también una cifra importante, casi el 40% de los hondureños desembolsa de igual manera un pago para el traficante. Es importante destacar que Tamaulipas figura como la entidad más cara del norte del país por el pago de tráfico de migrantes.
Alrededor de 5 mil dólares, lo que representa aproximadamente $100 mil pesos mexicanos es el costo por cumplir el sueño americano.
LA SEGUNDA ERA TRUMP
Donald Trump reactivaría el primer día de su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos el programa de expulsiones sumarias de migrantes irregulares de terceros países hacia México implementado durante la pandemia del Covid-19 y conocido como Título 42.
De acuerdo con fuentes citadas por el sitio Axios, Trump y su equipo habrían informado a Senadores republicanos el miércoles que reactivarán las expulsiones sumarias a México bajo el Título 42 que sumaron 2.9 millones entre migrantes mexicanos y migrantes de terceros países entre 2020 y 2023. Bajo el Título 42 de la Ley de Salud Pública, las expulsiones sumarias de migrantes a territorio mexicano fueron justificadas por razones de salubridad y fueron sólo posibles gracias a un acuerdo en 2020 entre el Gobierno del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador con la entonces Administración Trump.
Rompiendo cualquier precedente ante EU, el Gobierno de López Obrador aceptó en marzo 2020 recibir en su territorio a migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras; posteriormente en octubre de 2022, aceptó recibir venezolanos expulsados y en enero de 2023 a haitianos, nicaragüenses y cubanos
Actualmente y tras el fin del Título 42 en mayo de 2023, México continuó recibiendo miles de migrantes venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos ahora bajo la figura de “deportación” en un acuerdo negociado por López Obrador con el Gobierno del actual Presidente Joe Biden a principios de 2023.
Expertos y organizaciones pro migrantes han advertido que los propios números de expulsiones entre 2020 y 2023 muestran la política de expulsiones bajo el Título 42 no fue efectiva en disuadir la migración irregular particularmente desde Sudamérica y más allá del continente americano.
“El Título 42 fue una política fallida. Estimuló los cruces irregulares, violó la ley de refugiados, puso vidas en peligro, dejó a las personas que huían de la persecución a merced de secuestros y torturas y nunca tuvo justificación bajo razones de salud pública”, dijo Eleanor Acer, directora ejecutiva de la organización Human Rights First de apoyo a refugiados en un mensaje en la red social X.
De acuerdo con el sitio Axios, la política para reinstaurar el Título 42 fue presentada por Trump y su principal asesor migratorio Stephen Miller durante un encuentro con Senadores en el Capitolio como una de los 100 decretos presidenciales que el magnate neoyorquino emitiría el Día 1 de su mandato.
A la política de expulsiones sumarias tendría que añadírsele las deportaciones masivas de migrantes irregulares desde el interior de EU y no sólo en la frontera, que Trump aseguró llevaría a cabo en algo y pone en riesgo a más de 11 millones de migrantes sin papeles.
BENEFICIOS PARA VENEZOLANOS
Por lo pronto la Administración de Estados Unidos ha anunciado este viernes la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los migrantes venezolanos por un periodo de 18 meses debido a las “condiciones extraordinarias y temporales” por las que atraviesa la nación caribeña y que impide en retorno seguro a Venezuela de aquellos ciudadanos elegibles para ello.
Así lo ha anunciado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ha precisado que la medida se ha tomado después de “revisar las condiciones en Venezuela y consultar con socios interinstitucionales”, precisamente en una jornada marcada por la polémica toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato como presidente venezolano.
“Se justifica una extensión del TPS por 18 meses en función de la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Maduro”, añade el escrito, que atribuye a esta situación el aumento de la delincuencia, la falta de acceso a la alimentación y medicinas, así como el desbastecimiento de electricidad y combustible.
Para beneficiarse de esta medida son elegibles aquellos venezolanos que hayan residido de forma continuada en Estados Unidos al menos desde finales de julio de 2023. Aquellos que ingresaran a territorio estadounidense de forma irregular “estarán sujetos a consecuencias de cumplimiento”.
La Administración Joe Biden ha ensalzado siempre esta medida como una de las formas en las que están prestando “apoyo humanitario” a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y en el extranjero, junto a sus colaboradores internacionales.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado la extensión del TPS para salvadoreños, en este caso desde marzo de este año hasta septiembre de 2026, debido a “las condiciones ambientales” por las que atraviesa la nación centroamericana y que imposibilita el regreso de migrantes. “La extensión del TPS para El Salvador permite que aproximadamente 232,000 beneficiarios actuales se vuelvan a registrar para el TPS, si continúan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad”, añade el texto.
El Presidente electo de Estados Unidos ha insistido en que llevará a cabo su plan de deportaciones masivas, a pesar de sus costos, y que una de sus prioridades al asumir el cargo será fortalecer la frontera con México. “No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción.
Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se quedarán aquí, no hay precio”, dijo Trump en noviembre pasado. Y es que durante su camino a la Casa Blanca, el republicano transmitió un fuerte mensaje en contra de los migrantes, acusándolos de criminales y enfermos mentales, incluso comparándolos con el personaje ficticio Hannibal Lecter.
Ante las amenazas, en Tamaulipas las autoridades se preparan para proporcionar a los deportados atención médica, orientación y apoyo en su reintegración a las comunidades de origen o en otras entidades del País.
Por lo pronto, se reportó que ya comenzaron a recibir migrantes en los albergues, uno por el lado de la comunidad religiosa y en Matamoros, en el antiguo Hospital Pumarejo. Incluso, las Jurisdicciones de la Secretaría de Salud, como la de Matamoros, comenzaron a reportar el ingreso de migrantes al refugio del Pumarejo que fue habilitado como tal. El pasado lunes, el Gobierno de Tamaulipas informó que prepara nueve albergues con 18 mil 500 lugares para recibir a deportados.
POR KAREN SALAS
