La idea del presidente Donald Trump de declarar terroristas a los cárteles de la droga en México fue como escupir para arriba, ya que la mayoría de las armas de alto poder que utilizan los narcotraficantes mexicanos se las suministran los propios estadounidenses.
Y no solo eso, encima son también los estadounidenses los principales consumidores de los estupefacientes que llegan de nuestro país. Esta evidencia demuestra que Washington es, además de cómplice, el que sostiene la industria del crimen organizado, al que asegura que combate por todos los medios.
Si en vez de culpar del tráfico de enervantes al gobierno mexicano, el de los Estados Unidos evitara el suministro de armamento como lo hace en la lucha contra el terrorismo y complementara esa acción con medidas que ayudaran reducir el consumo de drogas entre su población, el problema no se habría salido de control.
Sin consumidores no habría narcotraficantes y el trasiego de alcaloides no sería un negocio tan redituable ni violento.
Algo similar ocurre con el fenómeno migratorio. Si en lugar de tildar de delincuentes a todos los indocumentados y ordenar una deportación masiva de inmigrantes, los gobernantes gringos pusieran en práctica una operación conjunta y coordinada entre los dos países, el resultado sería mucho más eficaz.
Sin embargo, parece que el señor Trump prefiere tratar a los amigos y socios como enemigos y premiar a los malhechores.
En su primer día de mandato, por ejemplo, el magnate de la Casa Blanca puso en libertad a los mil 500 autores materiales del ataque de 2021 al capitolio, agresión que dejó como saldo la muerte de cuatro policías e inició una cacería de migrantes a sabiendas de que, según indican las estadísticas, gracias al trabajo y al pago de impuestos, los indocumentados contribuyen al crecimiento de la economía del país del norte.
Cabe destacar asimismo que el presidente 47 es el menos indicado para acusar a los braceros de delincuentes, porque el mismo es un convicto.
Diez días antes de que asumiera el cargo un juez de Nueva York lo sentenció como culpable de la falsificación de documentos, entre otros delitos, veredicto que ha permitido que por primera vez un delincuente llegara a la presidencia, una mancha sin precedente en la historia política de los norteamericanos.
Ahora dos noticias sobre temas locales.
La primera fue que el delegado de la secretaría de gobernación en la entidad, Felipe Garza Narváez, planteó el martes la necesidad de que las autoridades estatales y federales establezcan un control más estricto sobre el uso de drones, como el que se aplica a la venta y uso de armas de fuego.
Al formular la propuesta, el funcionario aludió a dos ataques con explosivos utilizados por la delincuencia con este tipo de aparatos durante confrontaciones con la guardia estatal en noviembre de 2024, uno en Reynosa y otro en Río Bravo, en los que resultaron lesionados tres efectivos de la corporación, elementos suficientes para proceder a legislar a la brevedad sobre la materia.
En la segunda, el congreso tamaulipeco aprobó ayer una reforma al código penal que eleva la penalidad de los delitos cometidos con este tipo de aeronaves no tripuladas.
La disposición establece una pena de prisión de 7 a 15 años a los responsables de esos hechos delictivos que pongan en riesgo la seguridad pública y la integridad física de las personas.
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