En parte a causa de las fuertes presiones internas y externas, pero también a la determinación con la que el gobierno mexicano enfrentó la embestida política estadounidense y optó por aplicar la misma medida a los EE. UU., Trump aceptó diferir temporalmente la aplicación de aranceles.
A unas horas de haber autorizado la carga tributaria, el bravucón mandatario reconsideró sorpresivamente su proceder y tras una plática con la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó pausar un mes la disposición y buscar vías menos radicales para atenuar el tráfico de opiáceos y el fenómeno migratorio, pretexto de Washington para imponer acuerdos en condiciones ventajosas a sus socios comerciales.
Como resultado del arreglo, el gobierno de México se comprometió a desplegar diez mil efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera norte para detener trasiego de drogas y el flujo migratorio y el magnate de la Casa Blanca a endurecer acciones para evitar el suministro de armas de alto poder a los narcotraficantes.
La realidad es que Trump dio marcha atrás debido a las crecientes protestas de amplios segmentos de la población, entre estos los empresarios, así como a las exigencias de los congresistas de su país, pero sobre todo al elevado costo que tendrían que pagar los propios angloamericanos por recurrir a decisiones de esa magnitud en vez de arreglar las discrepancias a través del diálogo y la cooperación.
Seguramente también debe de haber tenido que ver en la reconsideración la fuerte oposición de la aplicación arancelaria y a que fiscales de 22 estados de la unión americana interpusieron demandas para anular la orden dictada por el presidente a fin de abrogar la obtención de la nacionalidad a través del nacimiento.
Sin olvidar, por supuesto, la paralización de la actividad que ha sufrido la actividad productiva agrícola, comercial e industrial, a causa del ausentismo y el miedo de las redadas masivas indiscriminadas de migrantes, violatorias de los derechos humanos, a los que se trata como criminales de alta peligrosidad, condenadas por la comunidad internacional.
Pero principalmente, porque nadie mejor que los propios gringos saben que la solución del problema está en impedir la venta de armas de asalto a los traficantes y reducir el consumo de opioides, las causas fundamentales del violento negocio del comercio de alcaloides, como el fentanilo, que tanto dañan la salud de sus compatriotas.
Por. José Luis Hernández Chávez
