El crimen organizado y el narcotráfico son dos fenómenos que han cobrado mayor relevancia en los últimos años por la escalada de violencia que se ha vivido en México y por la reciente declaración del Presidente Trump de nombrar algunos cárteles: Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación[1] como grupos terroristas. En este texto exploraremos qué tan apropiada es esta clasificación.
El crimen organizado es un fenómeno cuyo objetivo es meramente económico o material, busca maximizar ganancias y minimizar los riesgos, operando dentro de la organización del propio Estado a través de la penetración en las esferas como la política, económica y social. Para la UNODC, la definición de un «grupo delictivo organizado» en la Convención contra la Delincuencia Organizada solo incluye grupos que, mediante sus actividades, buscan obtener, directa o indirectamente, «un beneficio económico u otro beneficio de orden material»” (UNODC, 2018)[2]. Siempre realizado por un grupo organizado con una jerarquía y mando.
El narcotráfico por su parte, está considerado dentro del crimen organizado como un fenómeno que puede ser incluido, aunque no es excluyente. Como de la Corte y Giménez-Salinas (2013)[3] mencionan, el narcotráfico tiene la capacidad de adaptarse, mutar y cambiar para fortalecer sus estructuras y relaciones. Tiene una lógica comercial de costo-beneficio. Se define como “una actividad ilegal compleja y difícil que consiste en múltiples intercambios de bienes prohibidos entre productores, distribuidores y consumidores en un contexto similar al del mercado. Además, se describe como una actividad delictiva prevalente en los países donde ocurre el proceso de transporte, producción y consumo” (Luna, G. et al., 2021).[4]
Ambos fenómenos pueden trabajar en mercados legales como ilegales donde extorsionan y ejercen violencia como parte de su modelo de negocio y no con un fin político. No pretenden cambiar las instituciones políticas, sino controlarlas para poder seguir operando.
Es importante tener claras estas definiciones y diferencias ya que justo por el nivel de violencia y las tácticas que ha utilizado grupos del crimen organizado se ha propuesto ser unificado como actos terroristas. En primera instancia hay que tener claro que no todo lo que causa terror es terrorismo, y en segunda instancia, entender que estos dos grupos son diferentes no sólo de forma sino también de fondo. Por una parte, el crimen organizado y el narcotráfico buscan ganancias económicas y su objetivo último es hacer crecer su economía, mientras que los grupos terroristas tienen objetivos políticos e ideológicos.
Si bien dentro de los mercados informales e ilegales llegan a convivir, esto no quiere decir que cambiarán su forma de actuar uno o el otro. Si bien la violencia exacerbada de los últimos años por parte de los cárteles mexicanos hacia la población civil, en su mayoría ha sido desmedida, esto no significa que sea terrorismo ni tampoco que, por no ser considerada bajo esta categoría, sus acciones y el nivel de violencia sean menores y no deban ser sancionadas conforme a la ley.
El terrorismo es simbólico y busca más allá de un daño físico una reacción psicológica, que condicione a un Estado a accionar o reaccionar de una manera en específica. “Lo cual ayuda a distinguir dicha violencia de otras, habitualmente de mayor alcance y magnitud, desplegadas sobre todo por su destructividad potencial o efectiva y sólo de manera accesoria para atemorizar a quienes se encuentran relacionados de alguna manera con eventuales objetivos designados.” (Reinares, F., p. 16)[5]
Sin embargo, el confundir dos fenómenos distintos dificulta lograr estrategias correctas de combate. Los grupos terroristas en su mayoría son células que operan a través de estructuras jerárquicas o de red, es decir no existe comunicación entre las células por seguridad, y su organización puede estar basada en relaciones familiares, laborales, distribución geográfica o funciones específicas. Estos dependen de un líder, por lo que una vez atrapando o eliminando al líder estas redes suelen desaparecer o diluirse casi por completo.
Por otro lado, los grupos del crimen organizado y narcotráfico son grupos hidra[6]. Una vez que el líder es capturado o eliminado la organización comienza a fragmentarse en varios grupos que en su mayoría suelen volverse más violentos que el grupo inicial. Es por ello que tener clara la diferencia operativa entre ambos grupos es importante a la hora de crear estrategias para combatirlos y evitar hacerlos más violentos o crear un mayor número de grupos a combatir. En la “Guerra contra el narcotráfico” que inició Felipe Calderón, los grupos del narcotráfico crecieron 900% (Ángel, 2017).[7]
Jurídicamente también tiene implicaciones importantes. La “Ley de Capos” o La Ley Kingpin, o Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, emitida por la Casa Blanca el 15 de abril del 2009, sería posiblemente uno de los instrumentos jurídicos[8] que utilizaría Estados Unidos para sancionar a aquellos líderes en el tráfico internacional de estupefacientes, a sus empresas y a sus agentes. Sin embargo, estas sanciones van enfocadas en la revocación de visas del líder y su familia, la deportación de las familias de los líderes involucrados, así como la sanción a empresas y agentes que estén colaborando directa o indirectamente con los cárteles. Estas sanciones van dirigidas al bloqueo de flujos del capital y al blanqueo de activos; así como las penas en prisión correspondientes.
Es decir, estas medidas, no atacan de fondo ni la violencia generada por estos grupos, así como tampoco la demanda de fentanilo ni de otras drogas por parte del principal consumidor que se encuentra del otro lado de la frontera. Son más medidas enfocadas a sancionar a un líder y a empresas que se encuentren o estén relacionadas con estos grupos. En este sentido hace mucho más lógico pensar que la intención es más el sancionar empresas dedicadas a la exportación de ciertos insumos hacia Estados Unidos, por ejemplo, productores aguacateros que se ven en la necesidad de pagar derecho de piso para poder seguir trabajando, podrían ser sancionados bajo esta ley por estar “financiando actividades terroristas”.
Asimismo, la captura y detención de los líderes sólo llevaría a una mayor violencia desmedida. El mejor ejemplo fue la detención de “El Mayo” Zambada en el Paso Texas, que como consecuencia no sólo provocó una ola de violencia en Sinaloa si no la escisión del Cártel de Sinaloa entre “Los Chapitos” y la “Mayiza”. (El Sol de Sinaloa, 2025).[9] Respuesta esperada cuando se “descabeza” a un grupo hidra, tal como la estrategia del expresidente Felipe Calderón.
Lo cierto es que esta designación conllevará grandes consecuencias para México en diferentes áreas diplomáticas, comerciales, de cooperación e impacto económico, entre otras. Dicha designación implicaría entre otras cosas que las entidades financieras que operan en las jurisdicciones afectadas deben enfrentar un escrutinio obligatorio más intenso y riesgo de cumplimiento elevados, la desestabilización de economías locales que dependen indirectamente de las actividades relacionadas con estas organizaciones, deterioro de la confianza internacional en las instituciones mexicanas afectando la cooperación en temas de seguridad y comercio así como su credibilidad ante posibles socios comerciales. (Asimetrics, 2025)[10]
¿Qué pasará con México? Trump seguirá usándolo políticamente para su conveniencia. Mientras el Estado mexicano no tenga una estrategia respecto a este tema y siga operando de la misma forma, seguiremos dándole armas a nuestro vecino del norte y éste nos clasificará como un país sumamente inseguro y cooptado por el narcotráfico. El costo político y económico de no tener una estrategia de seguridad clara y eficiente frente al crimen organizado que cada vez abarca más territorio es la preocupación más apremiante.
POR JORELVY CALIXTO PEÑA
