Los entes públicos han entrado en una temporada que seguramente no agrada del todo a sus titulares.
Se trata de la recepción y publicación de los informes generados por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado a las cuentas públicas del 2023, que en muchos casos corresponden a ex alcaldes, y ex funcionarios, pero en otras, tocan a quienes actualmente están al frente de las dependencias.
Desde la semana pasada, la ASF publicó en su portal los informes correspondientes a la tercera entrega de la cuenta, en lo que detectó irregularidades en el manejo de recursos federales en varios municipios de Tamaulipas.
Las observaciones corresponden a fondos provenientes de las Participaciones Federales a Municipios y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios , destinados a obras públicas y adquisiciones.
Los hallazgos incluyen irregularidades en arrendamientos, contratos de obra y adquisiciones, principalmente por la falta de documentación que justifique la compra de bienes y servicios.
En diversos expedientes, la ASF identificó pagos sin evidencia de entrega, lo que contraviene la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ya decíamos en una columna anterior que en Matamoros, bajo la administración de Mario López Hernández, se detectaron anomalías por 7.5 millones de pesos.
La ASF revisó un contrato de obra por 6.1 millones de pesos para la construcción de un edificio administrativo, sin encontrar evidencia de amortización del anticipo otorgado. También se identificaron inconsistencias en la renta de copiadoras por 1.3 millones de pesos, incluyendo reportes de uso deficientes y documentación sin firmas. Como resultado, se emitieron tres solicitudes de aclaración y un pliego de observaciones.
Ciudad Madero presentó irregularidades en expedientes por 17.9 millones de pesos en contratos de mantenimiento de infraestructura. La ASF determinó que estos expedientes carecían de documentos clave, como suficiencia presupuestal, opiniones de cumplimiento del SAT y garantías de vicios ocultos, lo que llevó a la promoción de una responsabilidad administrativa sancionatoria.
El Mante presentó deficiencias en la adjudicación de contratos con empresas vinculadas entre sí, lo que derivó en beneficios indebidos. Además, se detectó la falta de comprobantes por 6.5 millones de pesos en obras de infraestructura. En Aldama, se solicitaron aclaraciones sobre 3.8 millones de pesos destinados a alumbrado público, debido a la falta de evidencia sobre el desmontaje de luminarias y la ausencia de pruebas de compactación del suelo en obras de revestimiento.
Jaumave también figura en la lista de municipios observados, con un probable daño por 2.9 millones de pesos. La ASF encontró que una obra por 877 mil pesos no fue ejecutada y otra incluyó conceptos pagados sin realizar. La revisión concluyó que los recursos no fueron devengados conforme a la normativa.
Ahora falta conocer los informes que la Auditoría Superior del Estado debió haber entregado desde el pasado 20 de febrero a la Comisión de Vigilancia del Congreso.
El auditor fue muy elocuente en sus advertencia de que, como nunca, en esta revisión se observaron todo tipo de irregularidades que tendrán que explicar los alcaldes.
Los documentos no se han publicado en la página oficial de la ASE, por lo que solo queda esperar para saber si en efecto -ahora sí- la Auditoría cumplió con su labor.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
