CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha recibido, desde diciembre de 2022, un total de 25 denuncias penales contra presuntos líderes de colonos acusados de la venta ilegal de terrenos y de promover la creación de asentamientos irregulares en el estado.
Ante esta problemática, la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas ha intensificado operativos de supervisión y vigilancia en los 43 municipios de la entidad, informó su titular, Ramiro Lozano González.
«Hay personas que se aprovechan de la necesidad de la gente, vendiéndoles terrenos que nunca podrán escriturar, engañándolos con la promesa de una propiedad legal», alertó Lozano González. De acuerdo con datos del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), en Tamaulipas existen 222 asentamientos irregulares distribuidos en 31 municipios, concentrándose el 50% de ellos en Altamira, San Fernando y Ciudad Victoria.
Recientemente, en la capital del estado, la Procuraduría clausuró obras de despalme en un predio ubicado al oriente de la ciudad, donde se intentaba lotificar terrenos sin los permisos necesarios. Además, parte de esas tierras se encuentran en zonas catalogadas como de alto riesgo, lo que imposibilita su regularización.
Lozano González detalló que las 25 denuncias penales presentadas desde diciembre de 2022 son las primeras de esta administración.
«En el pasado, se logró frenar la venta de predios irregulares, pero en el sexenio anterior hubo descontrol urbano y legal, lo que permitió la proliferación de estos asentamientos», explicó.
A pesar de las denuncias, hasta el momento no se ha emitido ninguna sentencia firme contra los acusados.
«Las investigaciones siguen en curso en la Fiscalía estatal.
No hemos logrado detenciones, pero damos seguimiento a cada caso», afirmó el procurador.
El funcionario recordó que cualquier predio destinado a la urbanización debe contar con permisos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), del municipio correspondiente y con estudios de impacto ambiental.
Asimismo, señaló que los terrenos ejidales también requieren autorizaciones para su parcelación y venta legal. «Algunos creen que al obtener el dominio pleno de un ejido pueden venderlo libremente, pero deben cumplir con la normatividad vigente», enfatizó.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para que verifique la legalidad de los terrenos antes de adquirirlos, con el fin de evitar fraudes y problemas legales.
Reiteraron su compromiso de frenar la venta ilegal de predios y proceder legalmente contra quienes incurran en estas prácticas fraudulentas.
Por Raúl López García
EXPRESO-LA RAZON
