CIUDAD VICTORIA, TAM.- Durante los primeros dos meses de 2025, se registraron 22,716 eventos de repatriación de personas mexicanas desde Estados Unidos, lo que representa una disminución del 22.9% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 29,486 casos.
Esta tendencia es contraria a la amenaza del presidente Donald Trump, quien había advertido que tan pronto iniciara su administración, iniciaría una serie de deportaciones masivas, algo que a juzgar por las cifras no ha ocurrido. En ese contexto de reducción de repatriaciones, Tamaulipas se consolidó como la principal entidad receptora de connacionales deportados, al concentrar 7,338 eventos, es decir, el 32.3% del total nacional, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. En enero de 2025 se documentaron 14,319 devoluciones en todo el país.
De ellas, 4,182 ocurrieron por cruces fronterizos ubicados en Tamaulipas, entre los que destacó el puente internacional Nuevo Laredo II, con 1,864 eventos; seguido de Matamoros, con 1,333, y Reynosa, con 985. Del total de personas devueltas en la entidad durante ese mes, 315 eran menores de edad, de los cuales 234 viajaban no acompañados.
Para febrero de este año, las cifras nacionales se redujeron todavía más, a 8,397 eventos. A pesar de la baja general, Tamaulipas mantuvo el primer lugar con 3,156 repatriaciones, superando ampliamente a Sonora (1,571) y Baja California (1,311), que históricamente habían encabezado los registros. En contraste, durante el mismo periodo de 2024, Baja California fue la entidad con más deportaciones, con un total de 9,909 eventos, seguida de Tamaulipas con 7,759 y Sonora con 7,044.
En enero del año pasado, Tamaulipas recibió a 3,631 personas repatriadas, mientras que en febrero la cifra aumentó a 4,128. Si bien los datos muestran una ligera disminución interanual en la entidad — pasando de 7,759 eventos en 2024 a 7,338 en 2025 en el bimestre enero-febrero—, el cambio de posición frente a otras entidades destaca una reconfiguración de las rutas de repatriación. Por entidad federativa, en 2025 los siguientes estados después de Tamaulipas con más eventos de devolución fueron Sonora (4,602), Baja California (4,067), Chihuahua (2,980), Estado de México (2,193), Coahuila (988) y Tabasco (548). En 2024, las entidades con mayores cifras fueron Baja California, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua, en ese orden. Estos datos muestran que, aunque las deportaciones generales han disminuido con respecto al año anterior, la distribución territorial de los retornos se ha modificado.
En particular, Tamaulipas ha absorbido un mayor volumen relativo, lo que implica un reto adicional para sus capacidades de atención humanitaria y logística. El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025 no ha implicado
al menos en los primeros dos meses, un aumento inmediato en los niveles generales de deportación, pero sí se observa un patrón geográfico distinto respecto a 2024.
Las cifras oficiales permiten observar una concentración creciente de los flujos de repatriación por ciertos cruces fronterizos, especialmente en la frontera noreste del país, lo que podría estar relacionado con operativos migratorios focalizados o acuerdos bilaterales recientes sobre puntos específicos de entrega. Pese a este inicio a la baja en las deportaciones durante la nueva era Trump, la amenaza sigue latente pues el presidente de Estados Unidos sigue buscando mecanismos para incrementar el número de repatriaciones, por lo que presiona a su Administración para usar todos los recursos disponibles y llevar a cabo lo que espera sea la mayor deportación masiva de inmigrantes en la historia de EU.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) está cerca de llegar a un acuerdo que permitiría a las autoridades de inmigración utilizar datos fiscales para confirmar los nombres y direcciones de personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, según cuatro personas familiarizadas con el asunto. Este acuerdo es el resultado de semanas de negociaciones sobre el uso del sistema fiscal para respaldar la campaña de deportación masiva del Presidente Donald Trump. Bajo este acuerdo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podría enviar nombres y direcciones de inmigrantes indocumentados sospechosos al IRS para cotejarlos con bases de datos confidenciales de contribuyentes, según indicaron las fuentes, quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias profesionales
Normalmente, la información fiscal personal -incluyendo el nombre y la dirección de una persona- es considerada confidencial y está estrictamente protegida dentro del IRS. Divulgar ilegalmente datos fiscales conlleva sanciones civiles y penales.
Sin embargo, en ciertas circunstancias limitadas, la información fiscal puede compartirse con otras agencias federales de aplicación de la ley, generalmente con la aprobación de un tribunal. Según las fuentes, sería inusual, si no sin precedentes, que se utilicen excepciones a las leyes de privacidad fiscal para justificar la cooperación con la aplicación de leyes migratorias. El acuerdo propuesto ha causado alarma entre los funcionarios de carrera del IRS, quienes temen que este acuerdo pueda representar un abuso de una disposición poco utilizada de la ley de privacidad, que está destinada a ayudar a los investigadores a construir casos penales, no a imponer sanciones por infracciones migratorias. De acuerdo con partes de un borrador del acuerdo obtenido por The Washington Post, el acceso del ICE a los datos fiscales estaría limitado a la confirmación de direcciones de inmigrantes indocumentados que ya han recibido una orden de deportación.
Según el documento, las solicitudes solo podrían ser enviadas por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, o el director interino de ICE, Todd Lyons. Además, cada solicitud debería incluir el nombre y la dirección del contribuyente, la fecha de la orden de deportación y otra información identificativa para que el IRS pueda verificar la identidad del contribuyente. El acuerdo autorizaría la verificación de datos solo para personas “sujetas a investigación criminal” por violaciones a la ley de inmigración.
Representantes del Departamento del Tesoro y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las agencias que supervisan al IRS y al ICE, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Si se aprueba, este acuerdo representaría un cambio significativo en la forma en que las agencias federales manejan tanto la información fiscal como la aplicación de las leyes de inmigración. Durante años, el IRS ha asegurado a los trabajadores indocumentados que su información fiscal es confidencial y que pueden presentar sus declaraciones de impuestos sin temor a ser deportados.
Según investigadores, aproximadamente la mitad -posiblemente más- de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en EE. UU. presentan declaraciones de impuestos para documentar sus contribuciones al gobierno estadounidense. “Es una completa traición a 30 años en los que el gobierno ha dicho a los inmigrantes que presenten sus impuestos”, dijo un exfuncionario del IRS, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El movimiento hacia el intercambio de información se produce en un momento en el que Trump presiona a su administración para utilizar todos los recursos disponibles y llevar a cabo lo que espera sea la mayor deportación masiva de inmigrantes en la historia de EE. UU. Durante semanas, los funcionarios de inmigración han tratado de aumentar drásticamente el número de arrestos, con un objetivo de entre mil 200 y mil 500 detenciones diarias, utilizando una serie de tácticas agresivas e inusuales.
Entre ellas, han recurrido a agencias que normalmente no están involucradas en la aplicación de leyes migratorias, han invocado la antigua Ley de Enemigos Extranjeros para enviar migrantes venezolanos a una prisión en El Salvador y han ampliado el poder del gobierno para expulsar migrantes sin una audiencia judicial.
Aunque Trump y sus principales asesores han prometido enfocarse en inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente o que han sido condenados por delitos violentos, las recientes acciones de aplicación de la ley han afectado a miles de migrantes e inmigrantes que tienen autorización para estar en el país.
Mientras tanto, el DHS eliminó tres agencias de supervisión interna que abogaban por los inmigrantes e investigaban quejas sobre condiciones de detención, el cuidado de niños migrantes y retrasos en el procesamiento de solicitudes de residencia o ciudadanía. Funcionarios del DHS dijeron que estas oficinas creaban obstáculos burocráticos que dificultaban el trabajo de la agencia.
El acuerdo con el IRS parece marcar la primera vez que las autoridades de inmigración recurren al sistema fiscal para obtener asistencia a gran escala en la aplicación de leyes migratorias. Los salarios de los trabajadores indocumentados están sujetos a los mismos requisitos de retención y declaración de impuestos que los de otros residentes en EE. UU.
Muchos inmigrantes presentan declaraciones de impuestos y las conservan con la esperanza de que el historial de pago de impuestos les ayude en el futuro a solicitar la residencia legal. La Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 otorgó estatus legal permanente a inmigrantes indocumentados que cumplían con ciertos requisitos, incluido el pago de impuestos atrasados. En su sitio web, el IRS establece que los inmigrantes indocumentados “están sujetos a impuestos en EU a pesar de su estatus migratorio ilegal”.
Como la mayoría no es elegible para un número de Seguro Social, el IRS les permite presentar declaraciones de impuestos usando números de identificación personal del contribuyente (ITINs, por sus siglas en inglés). Si se aprueba, el acuerdo para compartir información fiscal con ICE marcaría un giro drástico en comparación con hace solo unas semanas. El mes pasado, la directiva del IRS rechazó una solicitud del DHS para obtener los nombres, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos de 700,000 personas que la administración Trump sospechaba que estaban en el país ilegalmente.
El comisionado interino del IRS en ese momento, Doug O’Donnell, y los abogados de la agencia concluyeron que ambas solicitudes eran ilegales. O’Donnell se retiró al día siguiente, después de 38 años en la agencia tributaria. Su sucesora, Melanie Krause, rápidamente mostró interés en colaborar con funcionarios de Seguridad Nacional, según informó The Washington Post. Dos semanas después, la administración Trump también reemplazó al principal abogado del IRS, quien se había opuesto a los intentos de compartir datos fiscales con otras agencias, incluido el Servicio DOGE de Elon Musk. Desde entonces, Krause y el nuevo abogado principal interino del IRS, Andrew De Mello, se han reunido en múltiples ocasiones con funcionarios del Departamento del Tesoro y del DHS para concretar un acuerdo, según tres de las fuentes.
POR STAFF
