Alguien dijo que el inicio de un gobierno es el momento donde más se muestra el alma de quien lo encabeza. Si eso es cierto, el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum debería alarmarnos. No por sus discursos, sino por los datos, las señales y las omisiones. En seguridad, los números ya no alcanzan a ocultar la tragedia.
En tan solo los primeros meses de su mandato, México ha registrado más de 8,400 asesinatos violentos, y las cifras de personas desaparecidas superan los 3,100 casos nuevos.
La espiral delictiva no se detuvo con la nueva presidenta; al contrario, parece consolidarse como un régimen de continuidad. Estados Unidos incrementa la presión: exige resultados reales en el combate al narcotráfico, pide capturas, insiste en extradiciones.
La cancelación de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, así como la filtración de una “lista negra” de políticos mexicanos presuntamente ligados a cárteles de la droga —elaborada por el secretario de estado Marco Rubio—, reflejan una preocupación que cruza fronteras.
¿Por qué México no actúa con el mismo énfasis? A esto se suma la fuga silenciosa de 17 operadores de “Los Chapitos” hacia EE. UU., sin que se haya informado cómo ni por qué se les permitió salir del país.
Cada vez son más los nombres de funcionarios y personajes de alto nivel mencionados en investigaciones internacionales como presuntos colaboradores del crimen organizado.
Y, peor aún, los argumentos del gobierno para justificar su inacción son más escandalosos que las acusaciones mismas. El huachicol -ese problema que se había resuelto en 2019 de acuerdo con el anterior gobierno- es la principal fuente de financiamiento de los cárteles de la droga mexicanos según el National Drug Threat Assessment 2025 de la DEA. Mientras tanto García Harfush sufre el sabotaje del ejército.
En salud, las promesas se disuelven frente a la cruda realidad: faltan medicamentos, niños con cáncer siguen sin tratamiento, y personas con enfermedades crónicas han perdido acceso a medicinas básicas. Peor aún, enfermedades que habíamos erradicado —polio, sarampión, fiebre tifoidea, tos ferina— están de regreso, consecuencia de una estrategia de vacunación fragmentada y una logística deficiente.
Regresamos a lo que creíamos superado. ¿Ese es el cambio? La economía, aunque mostró un ligero repunte del PIB en febrero (0.3%), empieza a enviar señales preocupantes: el consumo cae, la inversión se desacelera y el desempleo repunta. La confianza se debilita y el motor del crecimiento pierde fuerza.
El Balance Presupuestario del primer trimestre, que mide la diferencia entre ingresos y gastos (sin considerar el costo financiero de la deuda), arrojó un superávit de 62 mil millones de pesos, gracias a una recaudación tributaria récord de 1.522 billones (+17.8%), con el ISR creciendo 21.3% y el IVA 20.9%. Sin embargo, el gasto se redujo 5.9% en términos reales. Este superávit palidece frente al costo financiero de la deuda, estimado en 303 mil millones de pesos.
Al restarlo, el Balance Financiero arroja un déficit de 241 mil millones, una señal preocupante de presión fiscal.
El dinero no alcanza. Mientras se destinan recursos a megaproyectos de bajo retorno, la inversión en infraestructura crítica como el agua sigue sin materializarse. México enfrenta una crisis hídrica real, con presas al mínimo, acuíferos sobreexplotados y ciudades al borde del colapso, pero el gobierno mira hacia otro lado.
En medio de este panorama, el poder se concentra. El intento por someter al Poder Judicial ya no es una intención velada, sino un proyecto en curso. La propuesta para elegir jueces por voto popular no busca justicia, sino control.
El fuego ya alcanzó al partido gobernante: al menos 10 gobernadores de Morena han expresado su inconformidad porque sus candidatos no fueron considerados. El botín se disputa incluso entre los propios. Todos quieren jueces a modo.
Nadie parece querer justicia. México está en una encrucijada. Este sexenio no comenzó con esperanza, sino con sospechas, incertidumbre y fracturas. Lo que vivimos no es un simple arranque difícil, sino el reflejo de un modelo de poder que se aferra a imponerse sin corregirse, sin escucharse, sin límites.
Los datos son elocuentes: la inseguridad avanza, la salud retrocede, la economía se enfría, las finanzas públicas están al límite, el agua se agota, con la delincuencia se pacta y la justicia se negocia. ¿Qué más necesitamos para reaccionar? No se trata de atacar por sistema, sino de ver con claridad.
El verdadero peligro no está en quienes critican, sino en quienes se resignan. Porque una sociedad que calla frente a los abusos, que normaliza el fracaso y que teme pensar distinto, ya ha comenzado a perder su libertad. Hoy, más que nunca, la gran pregunta no es hacia dónde vamos… sino qué vamos a hacer para cambiar el rumbo.
