Ante los hechos ocurridos el pasado 29 de agosto en perjuicio de la señora Gabriela Salazar Bujanos y su hija, difundidos a través de videos en redes sociales que muestran cómo policías le arrebatan a su pequeña hija mediante el uso de la fuerza, diversos colectivos y asociaciones se han manifestado exigiendo que se revise el caso para evitar que las actuaciones judiciales se traduzcan en violencia institucional.
Cabe señalar que en casos de disputa de guarda y custodia no es inusual que existan antecedentes de violencia familiar, la cual haya sido la causa de la separación.
Según la investigación de “Elefante blanco” y en entrevista a la señora Gabriela, la violencia familiar que ha sufrido por parte del padre de su hija es de larga data, más de una década. Como pruebas de esta violencia están la carpeta procesal CP/0203/2024 en contra de Alejandro “N” y los peritajes psicológicos practicados a Gabriela Salazar, los cuales arrojaron un diagnóstico de ansiedad grave, depresión grave y autoestima baja, así como con sentimientos asociados al miedo, desesperación y tristeza, los cuales corresponden a indicadores de violencia psicológica de acuerdo con la NOM-046-SSA2-2005.
A pesar de las denuncias interpuestas por violencia familiar y que fueron judicializadas, una jueza entregó la guarda y custodia de la niña a su padre. Por lo que es urgente que todas las autoridades competentes analicen este caso con perspectiva de género, adoptando medidas urgentes que garanticen la integridad física, emocional y jurídica tanto de la niña como de su madre. Un agresor nunca puede ser considerado un buen padre.
La madre ha manifestado que ella desconocía ese juicio, que nunca se le notificó, y que la disputa de guarda y custodia se está llevando en otro juicio y en otro juzgado. Ante esta denuncia, es urgente que el Consejo de la Judicatura que funciona en sus últimos días de existencia, revise la actuación de las autoridades jurisdiccionales involucradas, especialmente de la jueza resolutora.
Además, ante las denuncias de violencia contra el padre, es menester que, el sistema DIF municipal de Tampico proteja la pequeña hija de Gabriela Salazar en observancia del principio del interés superior de la niñez. Y que en toda actuación judicial se incorpore de manera obligatoria la perspectiva de género, libre de revictimización, con motivación y fundamentación suficientes y en estricto apego al debido proceso.
Nuestro apoyo y sororidad con la señora Gabriela y su pequeña hija. No están solas.
¿Usted qué opina?
Por. Nohemí Argüello Sosa
