El pasado 8 de septiembre, a nivel nacional, las escuelas de educación básica de México realizaron la primera Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil. Una campaña que tiene su origen en los lamentables hechos de abuso sexual infantil a pequeñitos entre tres y cinco años, ocurridos en 2018, donde se evidenció la negligencia y colusión de docentes, directivos y personal escolar.
Apenas unos días antes, en cumplimiento a dos sentencias de un juez de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció una disculpa pública a madres y padres de 18 niñas y niños víctimas de abuso sexual y maltrato (las denuncias iniciales sumaban 57 casos) en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat.
En este contexto, son relevantes las recientes tesis de la Suprema Corte de Justicia emanadas del juicio de la cantante de Timbiriche, Sasha Sokol, donde denunció haber sido víctima de una relación abusiva en la adolescencia donde la violencia era normalizada y romantizada.
Estos criterios que deberán atender jueces y magistrados están en dos tesis trascendentales. En la primera, la Suprema Corte resolvió que las relaciones entre adultos y adolescentes con gran diferencia de edad constituyen violencia sexual y un hecho ilícito. Aun cuando exista aparente consentimiento, no es válido por la desigualdad de poder y la inmadurez emocional, por lo que procede reclamar indemnización por el daño causado.
Y la segunda, la Corte estableció que la acción para reclamar indemnización por actos de violencia sexual sufridos en la niñez y adolescencia es imprescriptible, ya que el daño es continuo y negar la acción violaría el derecho de acceso a la justicia, a la reparación integral y a una vida libre de violencia.
Estos nuevos criterios judiciales coadyuvan en la deconstrucción social de actos de violencia contra la niñez, los cuales están normalizados. Por un lado, rompen con la falsa narrativa del “consentimiento adolescente” frente al poder de un adulto. Por otro, ya no hay límite de tiempo para que una víctima pueda denunciar este delito.
Ante estos dolorosos casos, la jornada del pasado 8 de septiembre, más que un acto simbólico, es el inicio de una nueva conciencia y mayor sensibilización sobre la obligación del Estado de prevenir, detectar y sancionar la violencia sexual en las escuelas.
La tarea para las comunidades escolares y la sociedad en general es grande: se trata de romper el silencio, de promover estas denuncias que ya no prescriben, de impulsar su judicialización, sancionar con rigor a agresores, acompañar integralmente a las víctimas y capacitar de manera constante al personal educativo y a la comunidad en su conjunto.
No obstante, lo que más se espera es que no haya más víctimas; por lo que, el fortalecimiento de la cultura de prevención y protección efectiva, en el mediano y largo plazo, es el objetivo para erradicar violencias como las vividas por Sasha Sokol y miles de niñas y niños de todo el país.
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Por. Nohemí Argüello Sosa
