El Paquete Económico 2026 ha comenzado a generar discusión, y con ello, ha sobresalido especialmente el debate entorno a lo que se anticipa en la Ley de Ingresos: un posible aumento en la cuota del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) para productos como los cigarros y bebidas azucaradas. La medida, aunque impopular para muchos bolsillos —si no es que para casi todos—, tiene un trasfondo que va más allá de recaudar: tratar de modificar comportamientos.
Desde la economía conductual orientada a la política pública, este tipo de impuestos se considera un «empujón» (nudge) para desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud. La evidencia internacional ha mostrado que, cuando se aplica correctamente, el IEPS puede reducir el consumo de refrescos o tabaco, especialmente entre los grupos más jóvenes o vulnerables, como lo son los adultos mayores..
Pero hay un punto delicado: ¿a dónde va ese dinero? Si bien, el argumento de salud pública es válido, la percepción cambia cuando los recursos recaudados no se traducen en mejoras tangibles para el sistema de salud, educación nutricional o espacios para la activación física. En un país donde cada vez se percibe un menor presupuesto en el sistema de salud, es comprensible que muchas personas vean esta medida como una carga más que como una política de bienestar.
Además, es importante señalar que los productos gravados con IEPS forman parte del consumo habitual de millones de personas, muchas de ellas, en condiciones económicas precarias. Para quienes viven al día, incluso un pequeño aumento de precio puede afectar su capacidad de compra sin necesariamente modificar su conducta, sobre todo si no hay alternativas accesibles o campañas efectivas de sensibilización.
Por eso, subir el IEPS puede ser una buena política mal aplicada si no viene acompañada de dos condiciones: primero, transparencia en el uso de los recursos recaudados, y segundo, inversión directa en programas de prevención, salud comunitaria y alimentación escolar. De lo contrario, se corre el riesgo de que este impuesto se perciba como una medida regresiva que castiga a quienes menos tienen.
Por ello, no basta con subir impuestos para mejorar la salud pública. También hay que generar confianza, ofrecer alternativas y garantizar que el Estado devuelva en servicios lo que recauda en cuotas. De lo contrario, el mensaje que queda no es “te ayudamos a vivir mejor”, sino “te cuesta más vivir igual”.
