La infancia es una de las etapas más especiales para la mayoría de las personas; muchos de nosotros tenemos gratos recuerdos de aquellos días donde nuestras preocupaciones eran nulas.
Sin embargo, muchos de nosotros también tenemos recuerdos muy marcados de las reprimendas que nos daban nuestros padres y abuelos, tal vez sean estos últimos los que, en más de una ocasión nos marcaron para bien o para mal (y en algunos casos, incluso nos llevaron a terapia).
En mi caso, recuerdo muy bien cuando mi padre me decía “pórtate bien o vas a ver llegando a la casa” o “ya quédate quieto, porque sobre la caída que te des, yo te voy a dar otra” … y la verdad es que, en casi la totalidad de las veces, no me portaba bien y no me quedaba quieto, lo que me hacía merecedor de un correctivo.
Y ahora hago una reflexión, pienso: yo ya sabía que hacer lo contrario a lo que mi papá me mandaba traería una consecuencia, que podía ir desde una palmada hasta una semana sin salir a jugar a la calle; tenía la plena conciencia de que desobedecer, me generaría un problema, inclusive, aunque la consecuencia fuera cada vez más grande.
Esto es algo que trascendió totalmente en la naturaleza, mente y esencia del mexicano y me parece muy interesante que nuestros legisladores (federales y locales) lo ignoren o lo pasen por alto.
Y me refiero a una cuestión muy puntual que se da hacia el interior de los Poderes Legislativos, particularmente, a las reformas en materia sancionadora que buscan endurecer las penas o prohibir conductas determinadas, buscando desalentar o disminuir la incidencia de estas.
Me voy a un ejemplo muy claro: apenas la semana pasada Ciudad Victoria fue noticia nacional al trascender que aquí se encuentra la escuela más robada a nivel nacional y eso fue solo la cereza del pastel, pues, también trascendió que muchas escuelas sufrieron daños y atracos previo al inicio del nuevo ciclo escolar.
Esta situación provocó un eco interesante en el Congreso del Estado. El diputado de Morena, Marcelo Abundis presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de nuestro Estado, particularmente para aumentar hasta 15 años la pena por cometer robos en perjuicio de instituciones educativas.
Al respecto hay que ser muy claros: en México, la estrategia basada en el prohibicionismo y el punitivismo ha mostrado ser insuficiente para reducir la comisión de delitos.
A pesar del endurecimiento de penas y la criminalización de diversas conductas, los índices de violencia y delincuencia se siguen manteniendo elevados, mientras la impunidad sigue siendo alta.
Es decir, las políticas de “mano dura” han saturado el sistema de justicia y el sistema penitenciario, sin abordar los factores estructurales que originan la criminalidad, como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades.
Inclusive, la evidencia indica que prevenir y atender las causas sociales del delito, junto con mecanismos de justicia eficaz y programas de reinserción, resulta más efectivo que la sola aplicación de castigos severos.
Insisto, no basta con aumentar las sanciones o prohibir conductas para bajar los índices delictivos, de nada sirve endurecer indiscriminadamente las penas si el sistema sigue igual de podrido y no existen alternativas reales de reinserción social.
Tal pareciera que nuestras y nuestros legisladores han olvidado aquellos momentos de su infancia donde ellos, aunque conocieran las consecuencias, seguían de traviesos a pesar del castigo o reprimenda que vendría.
Ojalá que pronto entiendan lo inútil que es endurecer indiscriminadamente las penas o sanciones, sino existe un verdadero plan que permita a las personas no caer en los mismos errores.
Principalmente, que entiendan que no se trata solo de promover iniciativas “mediáticas” para “acaparar el foco”, sino de proponer verdaderas soluciones de fondo a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, pues para eso fueron elegidos.
POR JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
