La importación ilegal de combustibles evadiendo impuestos, conocida como huachicol fiscal, representa uno de los desafíos económicos más críticos que enfrenta México en sus fronteras. Este problema genera pérdidas estimadas entre $5,200 y $8,700 millones de dólares al año, una cifra que supera más de la mitad del presupuesto de inversión que maneja Pemex, que justo ahora enfrenta graves problemas de deuda.
En las últimas semanas, se ha confirmado que los puertos de Tampico y Altamira se convirtieron en epicentros de estos delitos, pero la historia del huachicol fiscal en Tamaulipas no empezó en un buque ni en una toma clandestina, sino en los pasillos del Congreso cuando se aprobó la reforma energética de 2013 y se reconfiguró el mapa del poder económico en México El Pacto por México fue el vehículo de ese rediseño el 2 de diciembre de 2012 PRI PAN y PRD lo firmaron como acuerdo de unidad nacional pero debajo venían cláusulas no escritas que repartían cargos favores y votos bajo una lógica de premios mutuos.
Cada legislador que apoyó la reforma habría recibido jugosos beneficios, y los partidos que garantizaron su paso obtuvieron gubernaturas y posiciones estatales estratégicas como ocurrió en Tamaulipas donde el PAN recuperó terreno en 2016.
En el expediente contra Emilio Lozoya, titular de Pemex durante la administración de Peña Nieto, constan las declaraciones del ex funcionario quien aseguró haber entregado sobornos millonarios a legisladores de Acción Nacional para que apoyaran la reforma. Entre ellos, se ubicó a Ricardo Anaya, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle, y el entonces senador, Francisco García Cabeza de Vaca, quien formaba parte de la Comisión de Energía.
En aquella bancada panista del Senado también estaba Maki Ortiz, mientras que por el PRI representaba a Tamaulipas el ex gobernador Manuel Cavazos Lerma.
En San Lázaro, otro tamaulipeco presidía la Comisión de Energía: Marco Antonio Bernal. Sus paisanos compañeros de bancada eran Elsa Patricia Araujo De la Torre, Enrique Cárdenas del Avellano, Rosalba De la Cruz Requena y Amira Gómez Tueme.
Los panistas eran Carlos Alberto García González, José Alejandro Llanas, Marcelina Orta Coronado, Germán Pacheco Díaz, Glafiro Salinas Mendiola, Ramón Sampayo y Humberto Prieto Herrera, hoy morenista, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas.
Especialistas advierten que la raíz del problema de lo que hoy se llama huachicol fiscal está en aquella decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de liberalizar la importación de combustibles permitiendo la participación de empresas privadas, rompiendo el monopolio histórico de Pemex mediante la reforma energética de 2013.
Algunos actores del sector aprovecharon las debilidades en la supervisión estatal y los vacíos legales de la nueva normativa energética que recién comenzaba a desarrollarse. El mecanismo del huachicol fiscal opera mediante la creación de esquemas para introducir energéticos al país bajo clasificaciones arancelarias falsas.
Los importadores simulan que traen combustibles cuando en realidad declaran otros productos como lubricantes, alcoholes o aditivos, evitando así el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que aplica a gasolinas y diésel.
Las modificaciones constitucionales en materia energética promovidas por Peña Nieto abrieron las puertas al sector privado para importar combustibles desde abril de 2016, actividad que anteriormente era monopolio de Pemex, creando simultáneamente una ventana de oportunidad para la evasión tributaria.
México satisface más de la mitad de su demanda de gasolina mediante importaciones El país lleva más de dos administraciones presidenciales cubriendo la mayor parte de sus necesidades de combustible con compras internacionales. En la actualidad, las importaciones cubren poco más del 50% de la demanda de gasolinas, que supera los 700,000 barriles diarios. México ya lidiaba con el robo tradicional de combustible de ductos, camiones e incluso refinerías (el huachicol convencional), pero durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se incorporó al debate público el tema de la evasión fiscal en las importaciones de energéticos.
López Obrador lanzó una campaña agresiva para que las empresas estuvieran al corriente en sus obligaciones fiscales, política que lo enfrentó con figuras como Ricardo Salinas Pliego, magnate propietario de TV Azteca.
La limitación presupuestaria y de personal para verificar el mayor número posible de cargamentos en aduanas facilita que los contrabandistas utilicen al menos cuatro modalidades para introducir combustible: camuflarlo bajo otra clasificación arancelaria como lubricantes o alcoholes; reportar volúmenes menores a los reales; falsificar documentación y contrabando directo sin registro alguno.
Durante 2021, México registró un aumento en las importaciones de lubricantes superior al 79% respecto a la demanda real, sin justificación en la actividad económica, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), brazo recaudatorio de Hacienda.
Estos productos están exentos del pago del IEPS, razón por la cual se utilizan como vehículo de evasión para introducir combustibles, añadió la autoridad en documentos oficiales. Este fenómeno fue evidente tres años después en el puerto de Tampico. Durante 18 meses, entre 2024 y 2025, el puerto de Tampico se convirtió en la puerta de entrada de más de 400 mil toneladas de presunto aditivo para lubricantes. Sin embargo, la investigación que desarrollan las autoridades federales revela que la mayoría de esta mercancía constituía en realidad combustible contrabandeado desde Texas, evadiendo el pago de impuestos mediante documentación fraudulenta
La operación ilegal se desarticuló el 19 de marzo, cuando las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon y decomisaron 10 mil toneladas de diésel introducido ilegalmente al país. Los registros de Asipona Tampico muestran un patrón revelador: durante 2023, el puerto manejó 69,343 toneladas de fluidos líquidos a granel no petroleros, categoría que incluye materiales como aditivos. No obstante, en 2024 esta cifra se multiplicó dramáticamente 243%, alcanzando 238,280 toneladas. Esta tendencia anómala se intensificó durante el primer trimestre de 2025, cuando la programación portuaria registró la descarga de 227,402 toneladas adicionales de estos materiales.
En total, durante año y medio el puerto recibió 465,691 toneladas, volumen que supera la suma total importada durante los nueve años previos (2015-2023). Este crecimiento extraordinario, sin precedentes en ningún otro puerto mexicano, coincide precisamente con la línea investigativa que siguen la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Marina, proceso que ha resultado en la detención de 14 personas.
Documentos a los que tuvo acceso EXPRESO-LA RAZÓN revelan que entre enero y marzo de 2025 se concentró la mayor actividad de estas operaciones irregulares. Durante esos tres meses, 11 buquetanques realizaron 13 descargas en el puerto, todos procedentes de Estados Unidos, principalmente de Houston, Texas.
El cronograma de arribos muestra una actividad sistemática: En enero, la embarcación St. Mary permaneció en Tampico del 2 al 5 de enero, regresando posteriormente del 18 al 23 del mismo mes. En ambas estadías descargó un total de 39,459 toneladas.
El buque Salsa operó del 31 de enero al 2 de febrero, dejando 17,459 toneladas de supuesto aditivo. Durante febrero, el Cosmic Glory arribó el día 4 con 17,615 toneladas de presuntos aditivos para aceites lubricantes, mientras que el 11 del mismo mes, el Bastille Street descargó una cantidad idéntica bajo la misma clasificación. La embarcación Torm Louise efectuó dos viajes: del 21 al 24 de febrero y posteriormente del 2 al 4 de marzo, transportando 17,459 toneladas en cada travesía. Marzo registró la llegada del High Challenge, Darma y Yellow Stars con volúmenes similares, hasta la llegada del Challenge Procyon el 19 de marzo, embarcación que fue intervenida cuando las autoridades detectaron el método delictivo de camuflar combustible como aditivo para eludir obligaciones fiscales.
Tras el aseguramiento del Challenge Procyon, las descargas de fluidos en Tampico se desplomaron precipitadamente. Después de las 104,754 toneladas registradas aún en marzo, la cifra cayó a 10,562 toneladas en abril. Mayo no reportó ninguna descarga en esta categoría, junio apenas registró 8,038 toneladas y julio nuevamente marcó cero en las estadísticas portuarias.
El daño económico por huachicol fiscal alcanza MXN$106,674 millones (US$5,260 millones) anuales, equivalente al 10% del valor del mercado nacional de combustibles en México, según estimaciones de Verifigas, empresa especializada en controles volumétricos de combustibles que atiende a clientes como BP, Pemex, Repsol y Shell.
Petrolntelligence maneja una cifra más alta: MXN$177,170 millones (US$8,700 millones) anuales, basándose en datos del SAT que consideran que el contrabando fiscal representa el 30% del total de combustibles comercializados en gasolineras mexicanas. La autoridad fiscal publicó reportes hasta 2022 con cifras sobre contrabando de combustibles. La entidad no respondió a las consultas de Bloomberg Línea sobre montos actualizados del contrabando ni sobre las medidas implementadas. El secretario de Hacienda comentó que resulta complejo estimar el impacto económico del contrabando de combustibles por tratarse de una cifra de la economía informal, pero aseguró que se implementarán controles y el problema se reducirá gradualmente
A raíz de esta problemática, la Secretaría de Energía canceló, revocó o dejó vencer 1,866 permisos de importación y exportación por uso inadecuado, vencimiento o incumplimiento de obligaciones, tras identificar que el 80% de los permisos no eran utilizados por sus titulares, según su informe de actividades 2021, presentado en septiembre de ese año.
En noviembre del mismo año, una organización civil integrada por la industria energética, el gobierno de Nuevo León y centros académicos señaló a Kansas City Southern, ahora Canadian Pacific Kansas City, de participar en contrabando de combustible, aunque la empresa rechazó las acusaciones. Un año después, en 2022, el gobierno implementó un subsidio complementario adicional para frenar una escalada inflacionaria, medida que coincidió con una disminución del robo y contrabando de petrolíferos.
Esta parece ser la causa principal de la reducción, ya que al no exigir el pago del IEPS en importaciones, más el reembolso del estímulo complementario por litro en ventas de primera mano, se eliminan los incentivos para la actividad de contrabando, detalló el SAT en un informe. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado medidas contundentes contra el huachicol fiscal en busca de incrementar la recaudación tributaria, la cual creció 20% anual en el primer trimestre de 2025, en un contexto económico incierto por la tensión con Estados Unidos, principal socio comercial. La tendencia recaudatoria muestra crecimiento sostenido.
Entre 2023 y 2024, la recaudación de IEPS por gasolinas y diésel fue de MXN$403,583 millones, crecimiento anual del 63%, según cifras de Hacienda.
POR STAFF/EXPRESO-LA RAZÓN
