Transitar de noche por la carretera que atraviesa el Valle de San Fernando sigue siendo una experiencia extrema porque, a pesar de la sobrevigilancia policiaca, perdura la huella de los días de horror y del cruel final de cientos de personas en un periodo marcado por la brutalidad del crimen organizado en pleno auge.
La tarde del domingo fue asesinado, en esta parte del estado, el exalcalde de Burgos, Jorge Eleazar Galván García, conocido como “El Potrillo”, y todo indica que se trató de una ejecución al estilo de grupos criminales, los mismos que perpetraron las peores masacres de que se tenga registro en aquellos años terribles, a principios de la década pasada.
Queda en la memoria colectiva que en agosto de 2010 setenta y dos migrantes fueron ejecutados en San Fernando y que, en 2011, más de ciento noventa cuerpos aparecieron en fosas clandestinas en el mismo municipio, además otras masacres, de secuestros, balaceras en zonas urbanas, bloqueos de caminos con tráileres atravesados y enfrentamientos que paralizaron ciudades enteras.
Las caravanas de la muerte —sicarios armados hasta los dientes— sembraban el pánico en las vías, asaltaban y robaban docenas de vehículos en un solo golpe, mataban a quien los cuestionara y recorrían las calles de pueblos y ciudades con el membrete pintado a brochazos en la carrocería de Suburban o trocas de lujo que, en otras ocasiones, habían sacado flamantes de las agencias automotrices, custodiados a veces por la misma policía.
En aquella etapa de terror, que comenzó en 2007 después de que Calderón declaró la guerra contra el narco y provocó la expansión de la violencia en todo el país, Tamaulipas sufrió una ola de crímenes y desapariciones. El Valle de San Fernando fue una de las zonas más castigadas por su ubicación estratégica, paso obligado de la mercancía ilícita que cruzaba rumbo a la frontera.
En pocas palabras: tras la “guerra contra el narco”, la violencia en la entidad se agudizó a partir de 2010 con la ruptura entre los cárteles locales, alcanzando niveles inéditos de pánico social en 2011 y 2012.
Durante años continuó esa escalada criminal: el estado fue rehén de las mafias, los capos ejercieron como reyes absolutistas, las autoridades se declararon impotentes para aplicar la ley y defender a la población, y una generación de tamaulipecos tuvo que crecer bajo el refugio de los hogares, último reducto donde aún era posible sentirse a salvo.
Las cifras oficiales señalan que la criminalidad ha disminuido y que hoy Tamaulipas transita por una situación de mayor tranquilidad, pero persiste la marca imborrable de un tiempo de miedo e inseguridad, así como el temor de que la historia se repita en el futuro. Ojalá nunca más.
Por. Pedro Alfonso García
