Cuando un gobierno decide acabar con la corrupción, enfrenta uno de los mayores retos que tiene la política en el mundo actual, fundamentalmente porque los períodos para los que han sido electos los servidores públicos son muy cortos con relación a la dimensión enorme que tiene un fenómeno arraigado por siglos y quizá por milenios, en las estructuras del poder y por esa razón quienes inician esos procesos no logran ver los resultados.
Desde hace miles de años, los antiguos egipcios en el Código de Hammurabi y las antiguas civilizaciones griegas y romanas en todas sus legislaciones, preveían sanciones para castigar a los funcionarios y empleados públicos que incurrían en la práctica de la corrupción. El gobernante de hoy que emprenda una lucha contra la corrupción tiene que tener claro que una buena parte de los recursos y del esfuerzo de su gobierno se dedicarán íntegramente a ese fin y que las posibilidades de éxito son limitadas.
Corrupción, escribió Gianfranco Pasquino, se denomina al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar en modo distinto de los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa, corrupto es, por lo tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal.
En ese contexto, la corrupción es entendida como una transacción o un cambio entre quien corrompe y quien se deja corromper, normalmente se trata de la promesa de una recompensa a cambio de un comportamiento que favorezca los intereses del corruptor. Este fenómeno arraigado en todas las sociedades, afecta también a la sociedad mexicana en los tres órdenes de gobierno, ahí los corruptos han creado verdaderas estructuras dentro de los aparatos gubernamentales para hacer posible el acto u omisión ilegal que favorece los intereses de quienes no están dispuestos respetar el orden jurídico.
Con ese telón de fondo, los ciudadanos tenemos que comprender y valorar que la reforma judicial que refundó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de México se inscribe en la gran lucha contra la corrupción, para hacer posible ahora, que una estructura judicial con determinaciones nuevas impida que un empresario pueda comprar 90 amparos para evitar el pago de 74 mil millones de pesos, y que ya no haya decenas de jueces dispuestos a otorgárselos.
Tenemos que saber que una de las razones principales para hacer una reforma electoral pasa por la vigilancia de los recursos privados que se inyectan a las campañas políticas, para evitar que esa sea la puerta de entrada del dinero ilegal de grupos de crimen organizado para apoyar la llegada al poder de candidatos y gobernantes que operaran a favor de sus negocios ilícitos.
Los ciudadanos debemos estar atentos para saber que la lucha contra la corrupción significa enfrentarse a verdaderas mafias y estructuras enquistadas dentro del poder público, que han sido construidas paso a paso para hacer posible el disimulo de las autoridades federales, estatales y municipales ante las actividades ilícitas de grupos del crimen organizado que se dedican al narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, y el tráfico y la venta de combustibles robados o contrabandeados, entre otras actividades que lesionan la convivencia armónica y pacífica de los ciudadanos.
Hay corrupción en el Poder Ejecutivo federal, estatal y municipal, para que los corruptores puedan evadir la aplicación de sanciones o medidas que no les favorezcan, hay corrupción en el Poder Judicial para obtener resoluciones y sentencias que hagan posible que los corruptores evadan la aplicación de la ley, hay corrupción en el Poder Legislativo para evitar que se aprueben leyes, reglamentos y normas que afecten a los intereses de los corruptores.
La lucha contra la corrupción no es un asunto de una sola persona, ni de un solo día, es un proceso que se lleva a cabo diariamente para desmantelar la maquinaria con la que han trabajado por años o por décadas los corruptos y los corruptores, es un trabajo que requiere la comprensión, el apoyo y el estímulo de los ciudadanos.
Por Jesús Collado Martínez
Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas
22 de septiembre de 2025
