TAMAULIPAS, MÉXICO.- El sistema de pensiones del Gobierno de Tamaulipas enfrenta una presión creciente que se ha convertido en una de las cargas más pesadas para las finanzas estatales, y que amenaza con agotar sus reservas en pocos años.
Las cifras más recientes advierten que, de no aplicarse reformas de fondo, las reservas del Instituto de Previsión y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Tamaulipas (IPSSET) se agotarán en 2028, lo que obligará a las dependencias estatales a garantizar los pagos con recursos directos del presupuesto, en detrimento de otras áreas prioritarias.
Actualmente, el IPSSET administra las jubilaciones de más de 51 mil burócratas, un universo que crece de forma constante.
La proporción entre trabajadores activos y pensionados, que hace 25 años era de diez a uno, se ha reducido a apenas cinco a uno, lo que refleja el incremento acelerado de la nómina de retirados frente a las aportaciones de quienes permanecen en servicio. Este desbalance financiero ha encendido las alertas desde hace más de dos décadas, pero las soluciones aplicadas hasta ahora solo han logrado ganar tiempo.
El presupuesto para 2025 confirma la magnitud del problema: 2 mil 401 millones de pesos son destinados al pago de pensiones, una cifra que equivale a más del 20 por ciento del gasto estatal y que incluso supera lo invertido en infraestructura o programas sociales. Es decir, uno de cada cinco pesos del erario va directo a financiar jubilaciones.
La secretaria de Administración, Luisa María Manautou Galván, detalló que la actual administración recibió el fondo con reservas suficientes únicamente hasta 2024.
Sin embargo, mediante medidas de austeridad, ajustes financieros y una reserva líquida superior a 600 millones de pesos, se logró extender la viabilidad del sistema por cuatro años adicionales, hasta 2028. “El gobierno de Américo Villarreal Anaya no desea dejar la papa caliente a la próxima administración, por lo que estamos trabajando en ello”, subrayó la funcionaria.
El deterioro del sistema no obedece a una sola causa, sino a una combinación de elementos estructurales. Los adeudos históricos de cuotas no enteradas al fondo, que suman alrededor de 2 mil 500 millones de pesos principalmente entre 2010 y 2016, constituyen un factor clave.
Por este fraude cometido al erario, está activo un proceso judicial.
A ello se añade la falta de reformas profundas a la Ley del IPSSET, que desde 1984 y 2015 solo ha recibido modificaciones menores, sin considerar el aumento en la esperanza de vida ni el crecimiento sostenido del padrón de jubilados. El impacto de la longevidad es otro de los puntos críticos, ya que en promedio los beneficiarios viven 74 años, 14 más que en 1930, y en el padrón figuran más de 2 mil 200 pensionados mayores de 100 años.
La situación se agrava con jubilaciones a edades tempranas, como el caso de trabajadores que ingresaron al servicio público a los 15 años y hoy reciben pensiones por más de tres décadas, lo que convierte al esquema en financieramente inviable. En paralelo, los incrementos al salario mínimo han presionado las finanzas del instituto, ya que en apenas ocho años el tope de las pensiones pasó de 26 mil pesos a 86 mil pesos.
El sistema depende de una base de poco más de 50 mil trabajadores activos, cuya aportación resulta insuficiente para sostener el crecimiento del padrón de jubilados. A ello se suma la demanda de créditos especiales que otorga el propio IPSSET, un comportamiento que refleja la presión sobre los recursos disponibles y que en la práctica limita el margen de maniobra de la institución. El pago anual de pensiones ya ronda los 2 mil 250 millones de pesos, cifra que crece año con año y que convierte a cada jubilado en una carga proporcional cada vez más pesada para el Estado.
La alternativa hasta ahora ha sido recurrir a las reservas acumuladas y a aportaciones extraordinarias para ampliar la suficiencia financiera, pero especialistas y legisladores coinciden en que se requiere una reforma de fondo. Entre las propuestas se ha planteado elevar la edad de retiro, establecer nuevas reglas de aportación y explorar esquemas mixtos que combinen reparto y ahorro individual. Sin embargo, hasta ahora no existe consenso político para llevar a cabo estas modificaciones, debido a los costos sociales que implican y a la resistencia de los sindicatos.
Lo que hace veinte años era una advertencia, hoy es una realidad que condiciona el presupuesto de Tamaulipas. Con las reservas comprometidas hasta 2028, cada año que pasa sin una reforma integral acerca al Estado a un escenario de déficit irreversible. “El reto es garantizar que los trabajadores puedan seguir recibiendo sus pensiones y que se mantenga esa obligación en el futuro”, reiteró Manautou Galván.
Por. Staff
Expreso-La Razón
