ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hernán de la Garza Tamez, señaló que será el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial quien resolverá el caso de la jueza Roxana Ibarra Canul, señalada por irregularidades en juicios de custodia.
La jueza del Cuarto Juzgado de lo Familiar en Altamira, enfrenta al menos seis denuncias por diversas irregularidades en juicios de custodia, la más reciente cuando ordenó retirar la custodia de su hija a Gabriela Salazar y se la otorgó a su padre Alejandro Ávila, quien cuenta con denuncias por violencia familiar.
El caso incluso provocó manifestaciones en la zona sur, contando con el apoyo de activistas, denunciando que no se respetaron los protocolos con perspectiva de género y el interés superior de la infancia.
El Magistrado Hernán de la Garza comentó que el caso sigue su curso, “tan pronto como tuvimos conocimiento de esta circunstancia, nosotros de oficio iniciamos una investigación, se asignaron tres visitadores que han estado trabajando en ese asunto”.
Apuntó que la investigación sigue en curso, por lo que de resolverse después del 30 de septiembre, será el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, quien haga la determinación.
“Eventualmente pudiera resultar una responsabilidad administrativa que va a corresponder al Tribunal de Disciplina Judicial, sancionar”, aclarando que la juzgadora no será separada de su encargo.
“La investigación está en curso por parte de la Visitaduría Judicial y si determina que existen elementos para un procedimiento de responsabilidad administrativa, da vista, hoy en el día al Consejo de la Judicatura, más adelante al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial”.
Apuntó que la jueza tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones a través de audiencia, “se lleva a cabo el procedimiento y cuando se concluya, habrá de saberse si sería acreedora algún tipo de sanción.
Recientemente los casos de los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, quienes fueron señalados por presuntamente no salvaguardar la integridad de las víctimas, fueron resueltos a su fabor por la Visitaduría Judicial.
En uno de los casos, fue la Secretaría de Seguridad Pública quien informó que los imputados eran de bajo riesgo, sin que hubiera objeción del Ministerio Público, mientras que en el otro se justificó un cambio de medida cautelar.
Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
