CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad, un dictamen que garantiza la paridad de género en los nombramientos de cargos públicos en los niveles estatal y municipal, en concordancia con la reforma constitucional federal.
De esta manera, los 43 ayuntamientos de Tamaulipas estarán obligados por la ley a garantizar la paridad de género en los cargos públicos.
El asunto impulsado por el diputado Isidro Vargas Fernández de Morena, tiene la finalidad de que las mujeres cuenten con las mismas oportunidades en igualdad numérica y representativa, observando el principio de paridad de género en los ámbitos político, económico, social y cultural, en el estado y los municipios, logrando con ello reducir y erradicar la brecha salarial.
Explicó que la desigualdad que viven las mujeres hoy en día es un asunto que requiere atención urgente, “los avances en torno a la igualdad que se han logrado con el reconocimiento como iguales o la paridad de género, es apenas el inicio de un camino que está lleno de obstáculos y que es largo de recorrer”.
Para ello es importante difundir entre la sociedad, sector público y privado, que son indispensables tratos diferenciados cuando no hay igualdad de condiciones para el ejercicio de los derechos.
Ejemplo de esto son las acciones afirmativas, sin embargo, estas no han sido suficientes, por lo que la práctica debe ser generalizada y normalizada, y se debe trabajar en las causas estructurales.
Se explica que la violencia contra las mujeres está relacionada con estereotipos que perpetúan su subordinación y crea la falsa impresión de justificación para dicha violencia.
En este sentido y a pesar de que la igualdad sustantiva y la perspectiva de género ya están mencionadas en algunas partes de la Constitución, es necesario que se aborden de forma transversal, visible, expresa y, por supuesto, constitucional, pues debe nombrarse y colocarse jerárquicamente a la altura del reconocimiento del problema público de la desigualdad y la discriminación.
De esta manera, incorporar la perspectiva de género en la Constitución local y leyes secundarias, permite identificar y abordar las desigualdades estructurales y asegurar que las políticas y programas beneficien equitativamente a todas las personas.
Con ello se logra una sociedad más justa e igualitaria, en la que se reconozcan, garanticen, protejan y respeten los derechos de todas las personas atendiendo a las diferencias que imponen obstáculos al goce y ejercicio de estos.
De acuerdo con el dictamen cuando se realicen nombramientos en la administración pública estatal y municipal, se debe observar el principio de paridad de género, es decir que se haga en igualdad numérica y representativa entre hombres y mujeres, teniendo las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades.
Se reforma el artículo 26 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, para que en el mismo se establezca que toda retribución, incluyendo sueldo, bonos y demás prestaciones, deberá ser igual para quienes desempeñen la misma función o encargo, sin tener en cuenta género, ni nacionalidad y se propone incluir lenguaje inclusivo.
Además de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el fin de que cuando se lleven a cabo nombramientos, se observe el principio de paridad de género.
Estas reformas y adiciones aplicarán a partir del 1 de octubre.
Perla Reséndez
Expreso-La Razón
