El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8.1 grados sacudió a la Ciudad de México. No solo colapsaron edificios y vidas, también se derrumbó la confianza en un gobierno que mostró su rostro más torpe, burocrático e insensible. El presidente Miguel de la Madrid tardó en hablarle al país; cuando lo hizo, su mensaje fue frío y tecnocrático. El Estado minimizó las cifras de muertos y rechazó la ayuda internacional, mientras la sociedad civil, entre polvo y escombros, se organizaba para rescatar a los sobrevivientes.
Ese terremoto no solo movió la tierra: cimbró los cimientos del sistema político mexicano. En los dos sexenios anteriores, Luis Echeverría y José López Portillo habían demostrado que el objetivo principal del poder era perpetuarse en él, con excesos y corrupción. Pero fue la inacción de 1985 la que dejó claro que se requería un cambio profundo. Ahí germinó una sociedad civil más fuerte y consciente, y comenzó a fracturarse la hegemonía del PRI.
Hoy, cuatro décadas después, enfrentamos nuevos sismos. No los provoca la naturaleza, sino los políticos. Y como en 1985, muestran que lo único que realmente les importa es mantener el poder.
En los últimos meses, México ha sido sacudido por casos conocidos por todos que exhiben corrupción, complicidad y colusión con el crimen organizado:
El “Comandante H” (Hernán Bermúdez Requena), exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado por EE. UU. como líder de “La Barredora”, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido junto con funcionarios y empresarios por tráfico de combustible y huachicol fiscal en puertos como el de Tampico.
La diputada Hilda Araceli Brown, sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., que le congeló bienes por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El caso Pemex, con redes de sobornos, relojes de lujo, auditorías manipuladas y corrupción denunciada incluso por autoridades estadounidenses.
Los bancos mexicanos sancionados en EE. UU., por fallas graves en sus controles contra el lavado de dinero, exhibiendo cómo el sistema financiero ha servido de refugio criminal.
A esto se suma la negación de la presidenta, que dedica energías a defender a Adán López y a políticos señalados, en lugar de asumir responsabilidades e iniciar investigaciones serias que permitan identificar a delincuentes y sancionarlos. Las acciones que toma parecen más respuesta a la presión de Washington que a una convicción interna de limpiar al país. Como en 1985, las prioridades no son los ciudadanos, sino la preservación del poder.
Los cimientos son los mismos del pasado: poder concentrado, impunidad, poca participación ciudadana, prioridades de imagen política sobre servicio público.
La comparación no es retórica: en 1985 fueron las brigadas ciudadanas quienes sostuvieron al país cuando el gobierno colapsó. Hoy es la sociedad —medios, organizaciones, ciudadanos— la que exige cuentas mientras las instituciones tiemblan bajo la carga de la corrupción.
Los edificios que se derrumbaron en el 85 son ahora símbolos de ministerios públicos, fiscalías y corporaciones policiales que se desmoronan frente al crimen organizado. Entonces se necesitaban palas, picos y brigadas; hoy se necesitan valores, transparencia y un nuevo diseño institucional.
Para evitar que estos “sismos políticos” vuelvan a repetirse, México requiere un sistema con características clave:
Transparencia radical y rendición de cuentas: contratos, auditorías y patrimonios públicos accesibles a todos. No como se ocultan ahora “por seguridad nacional”.
Separación de poderes real: fiscalías y jueces autónomos, sin subordinación al Ejecutivo.
Participación ciudadana institucionalizada: contralorías sociales, protección a denunciantes y fortalecimiento de medios libres.
Profesionalización del servicio público: meritocracia en las fuerzas de seguridad, aduanas y ministerios.
Sanciones ejemplares: cárcel y pérdida de privilegios para funcionarios corruptos, sin excepciones ni fueros.
Cooperación internacional regulada: no depender de la presión de EE. UU., sino trabajar en conjunto y de manera proactiva.
El sismo de 1985 mostró la ineficacia de un sistema obsesionado con el poder. Hoy, los nuevos sismos políticos vuelven a revelar que la corrupción, la negación y la complicidad pesan más que el servicio público. Así como entonces, puede que estemos ante un nuevo punto de quiebre. La diferencia es que ahora sabemos que la sociedad puede y debe exigir un sistema político que no se derrumbe con cada temblor, sino que sea capaz de resistir, responder y proteger a los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables.
