Luego de ocho años, el organismo internacional Médicos Sin Fronteras finalizó su proyecto de ayuda en los municipios de Reynosa y Matamoros, tras la disminución drástica de flujos migratorios.
En 2017, la situación de la migración en el estado era compleja, los albergues y casas de migrantes enfrentaban una creciente presión debido al flujo de migrantes que llegaban a la entidad pero cuyo destino era Estados Unidos.
Pero también por las deportaciones que desde ese país se hacían y que obligaban a la habilitación de refugios temporales que brindaran albergue, alimentación, atención médica y asistencia consular.
Tamaulipas era clave en la ruta migrante para llegar en menor tiempo a la frontera y desde allí cruzar a Estados Unidos; pese a los antecedentes de las masacres migrantes en 2010 y 2011, cada día llegaban familias y ciudadanos desde países de centro y Sudamérica.
En ese momento, los responsables de los albergues como Senda de Vida, anticipaban la posibilidad de una crisis humanitaria más grande si continuaban las deportaciones masivas y la llegada de más personas.
Es en este contexto que en ese 2017, Médicos Sin Fronteras (MSF) llega a Matamoros y Reynosa para responder a una crisis médico-humanitaria marcada por altos niveles de violencia, inseguridad y flujos migratorios.
Estos municipios fueron perfilados como altamente violentos derivada de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, lo que puso a los migrantes en el centro de esa violencia.
Enfrentaron riesgos extremos; balaceras, secuestros, violencia sexual, explotación y acceso limitado a los servicios de salud, además de políticas restrictivas por parte de Estados Unidos.
La atención se centró especialmente en atender médicamente a las personas sobrevivientes de la violencia relacionada con el crimen organizado, pero conforme aumentaron los flujos migratorios, y las políticas migratorias de Estados Unidos obligaron a más personas a permanecer en territorio mexicano el enfoque cambió.
Ahora la atención de salud también incluyó a la población en movimiento. La crisis se evidenció con más de 67,000 consultas médicas en atención primaria, 3,700 de planificación familiar.
13 mil consultas psicológicas individuales y 3,700 grupales; 40,000 actividades de promoción de la salud con 127,000 personas alcanzadas.
La violencia que sufren los migrantes durante su trayecto, especialmente en las mujeres, derivó en la atención a 394 sobrevivientes de violencia sexual y 474 personas fueron atendidas por problemas de salud mental.
Los peligros para los migrantes traspasan fronteras, muchos de ellos desesperados por no poder llegar a Estados Unidos con una visa humanitaria, se aventuraron a cruzar el río Bravo.
Este afluente de 3,000 kilómetros que divide a México con Estados Unidos a través de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, han cobrado la vida entre 2017 y 2023 de al menos 1,107 personas.
Los cuerpos se encontraban en Estados Unidos, pero también en México en las cuatro entidades; en Tamaulipas se documentaron en Matamoros, Reynosa, Miguel Alemán y Nuevo Laredo.
A partir del 2018 la migración se intensificó, miles de personas llegaron desde Centroamérica, Haití, Venezuela, entre otros países, comenzaron a llegar a la frontera norte de México.
La esperanza de llegar a Estados Unidos se vio frustrada por programas como “Quédate en México (MPP), la aplicación del Título 42 que se quedó aún después del Covid-19 y el CBP One, que obligó a muchas personas a permanecer en México por meses e incluso años.
En Tamaulipas, los migrantes se quedaron en ciudades como Reynosa y Matamoros, enfrentando condiciones de vida precarias, falta de acceso a servicios básicos, dificultades para acceder a agua, saneamiento, albergues insuficientes y sobrepoblación.
Las limitaciones para acceder a alimentación y la violencia constante, discriminación y extorsiones por el crimen organizado, los volvió altamente vulnerables.
Los institutos de salud no contaban con la capacidad ni la preparación para atender a esta población que constantemente era discriminada y rechazada en hospitales públicos.
En este contexto, el papel de Médicos Sin Frontera fue crucial, al brindar atención médica y psicológica gratuita, desde un enfoque neutral, independiente e imparcial, generando confianza entre la población migrante y las comunidades locales.
Se establecieron alianzas con organismos como ACNUR, y ONGs como Save the Children, HIAS y OIM, además de desarrollar campañas de sensibilización para periodistas y actores locales para reducir la estigmatización de la población en movimiento.
Pero también para visibilizar las difíciles experiencias de vida y retos para la sobrevivencia que ha enfrentado la población en movimiento en estos municipios de la frontera tamaulipeca.
Médicos Sin Frontera informó sobre el alza de casos de violencia como secuestros y violencia sexual, denunciaron las consecuencias de las políticas migratorias en ambos lados de la frontera y las implicaciones en la salud física y mental de los migrantes.
Se visibilizaron las condiciones de vida precarias de las personas en movimiento que se ubicaron en espacios inhóspitos y carentes de acceso a servicios básicos para la subsistencia.
La tarea no fue fácil para el personal humanitario que durante estos ocho años, identificaron 1,100 incidentes violentos registrados, lo que limitó el desplazamiento y supuso un riesgo constante para pacientes y personal.
La alta movilidad de los migrantes, dificultó el seguimiento médico, psicológico y social de los casos, además la alta saturación de los albergues, favorecieron brotes de enfermedades, complicando la intervención médica.
Además de barreras lingüísticas, especialmente con la población haitiana, demandando un esfuerzo adicional en mediación cultural y servicios de traducción y el agotamiento físico y emocional del personal humanitario, resultado de la exposición constante al dolor, violencia y vulnerabilidad extrema de las y los pacientes.
Sin embargo, a partir de estos desafíos, el proyecto generó aprendizajes para fortalecer la práctica humanitaria, creando metodologías y redes interinstitucionales que puedes replicarse para fortalecer la respuesta humanitaria.
El legado del proyecto Médicos Sin Fronteras en Reynosa y Matamoros que finalizó en septiembre del 2025, se refleja no solo en los miles de pacientes atendidos, sino también en la profesionalización del trabajo social, la incorporación de mediación intercultural para superar barreras lingüísticas.
La adaptación cultural de la atención y en la incidencia política que permitió visibilizar las graves barreras de acceso a servicios de salud y protección de la población en movimiento en México.
Más allá de las cifras, el mayor aporte de Médicos Sin Frontera (MSF) fue demostrar que es posible implementar un modelo de atención integral que responda a las múltiples dimensiones de la salud de las personas en contextos de movilidad.
Baja presencia y detención de migrantes
El inédito despliegue militar ordenado por la Administración del Presidente Donald Trump en la frontera de Texas con México se ha dado al tiempo que la migración indocumentada hacia Estados Unidos se ha hundido a niveles mínimos históricos.
A pesar de que el Gobierno del republicano asegura que la caída responde a su endurecimiento de la política migratoria, la tendencia a la baja se registraba desde los últimos años del demócrata Joe Biden en Casa Blanca, quien tomó acciones para ordenar la llegada de extranjeros.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los Sectores de Del Río, Laredo y Valle del Río Grande, a cargo de la Patrulla Fronteriza, registran caídas de hasta el 86 por ciento en los que va del actual año fiscal estadounidense, que inició en octubre pasado y acabará en septiembre próximo.
En el Sector Del Río, que abarca la frontera de Texas con Coahuila, destacando los cruces de Piedras Negras-Eagle Pass y Acuña-Del Río, se detuvieron 30 mil 779 migrantes entre octubre y junio pasados, una caída del 86.2 por ciento respecto a las 222 mil 272 capturas del mismo periodo previo.
A su vez, en el Sector Laredo, el desplome es del 51 por ciento porque se reportaron 12 mil 095 capturas frente a las 24 mil 696 de octubre del 2023 a junio del 2024.
En tanto, en el Sector Valle del Río Grande, que va de McAllen a Brownsville, se desplomaron 73 por ciento, ya que cayeron de 120 mil 135 a 32 mil 425 detenciones.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
