MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a finales de octubre entrará en operación una nueva estrategia para garantizar la trazabilidad de los combustibles que ingresan al país.
En conferencia de prensa, la mandataria federal explicó que, tras la detección del llamado “huachicol fiscal” —que derivó en la aprehensión de 14 personas y dejó al descubierto una red de corrupción—, se han implementado acciones para reforzar la vigilancia.
“El privado que importa combustible va a tener una serie de regulaciones ahora que van a salir a finales de octubre para que la gota de combustible que entra por tierra o que entra por mar, sepamos exactamente dónde acabó, en qué gasolinera terminó”, detalló.
La presidenta recordó que antes de la reforma del 2013, el único que importaba combustibles era Pemex. A partir de la reforma del 2013, se abre la posibilidad de que los privados importen, lo que también derivó en esquemas de contrabando fiscal.
“Se ha reforzado mucho la vigilancia. Un día podemos platicar de eso porque son varios temas. Uno tiene que ver con acciones que se hicieron de manera normativa. Después acciones de vigilancia. Se han puesto más cámaras en los puertos, hay un centro de vigilancia en Querétaro que la agencia de transformación digital lo ha modernizado para poder tener mayor revisión. Y también lo que está trabajando Secretaría de Energía que yo creo que en un a finales de octubre queda ya completamente listo, que es esto que he mencionado aquí de la trazabilidad de los combustibles”.
Sheinbaum subrayó que su gobierno trabaja en erradicar cualquier forma de comercialización ilegal de hidrocarburos y recordó que uno de los pasos más importantes en esta materia fue la modificación de la Constitución y de diversas leyes.
“Recuperamos la rectoría del Estado en energía. Ahora Pemex es empresa pública del Estado, ya no existe la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ni la Comisión Reguladora de Energía, es una sola: la Comisión Nacional de Energía”, señaló.
La presidenta explicó que el nuevo mecanismo obligará a cada empresa importadora a transparentar el volumen de combustible recibido, su distribución y los puntos de venta finales.
Añadió que otra de las medidas adoptadas por su administración fue la eliminación de los permisos de importación temporal, que en los años previos a 2018 facilitaron el ingreso irregular de combustibles al país.
“Eso lo quitamos porque no tiene sentido. Si se importan combustibles, deben ser importaciones definitivas, no para pasarlo después de regreso a Estados Unidos”, afirmó.
La importación ilegal de combustibles evadiendo impuestos, conocida como huachicol fiscal, representa uno de los desafíos económicos más críticos que enfrenta México en sus fronteras.
Este problema genera pérdidas estimadas entre $5,200 y $8,700 millones de dólares al año, una cifra que supera más de la mitad del presupuesto de inversión que maneja Pemex, que justo ahora enfrenta graves problemas de deuda.
En las últimas semanas, se ha confirmado que los puertos de Tampico y Altamira se convirtieron en epicentros de estos delitos, pero la historia del huachicol fiscal en Tamaulipas no empezó en un buque ni en una toma clandestina, sino en los pasillos del Congreso cuando se aprobó la reforma energética de 2013 y se reconfiguró el mapa del poder económico en México.
Por Staff
Expreso-La Razón
