Aunque muchas personas (y principalmente autoridades) quieran minimizarlo (inclusive, tienen la desfachatez de negarlo), existe un Tamaulipas que tiene una realidad invisible.
Nuestra Constitución garantiza la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de condición social; sin embargo, es una verdad innegable que miles de personas viven en situación de calle sin tener una protección real de sus derechos.
Irónicamente existen leyes de asistencia social, de salud y programas sociales que buscan atender a los grupos vulnerables, pero ninguno reconoce de manera clara y obligatoria a quienes, por distintas circunstancias, carecen de un techo y de un entorno que les brinde seguridad.
En Tamaulipas, la legislación estatal reconoce en diversas normas que la vulnerabilidad exige acciones específicas. A pesar de ello, estas disposiciones quedan sujetas a la capacidad presupuestal de los gobiernos o a la voluntad de las instituciones asistenciales, esto, sin duda alguna, genera una brecha entre lo que la ley promete y lo que la realidad permite.
La experiencia ha mostrado que la situación de calle no puede, ni debe atenderse únicamente como un problema asistencial, sino como un fenómeno multidimensional: implica afectaciones a la salud mental, tendencia a adicciones, falta de documentos de identidad, antecedentes de violencia familiar, exclusión laboral y educativa, entre otras cosas; por lo que reducirlo a la entrega de cobijas en temporada invernal o a censos aislados es inútil e insuficiente.
Aquí es donde entra el aspecto legislativo; tal vez nuestras y nuestros diputados no han dimensionado la necesidad de subir este tema al debate legislativo; posiblemente para ellos solo son casos aislados que se han colado entre las cifras oficialistas o piensen que esta realidad debe seguir siendo ignorada o negada por el bien de los “resultados de la administración”.
Estoy convencido de que el debate legislativo en esta materia debería avanzar en tres direcciones: primero, es indispensable definir jurídicamente qué significa “situación de calle” para que se convierta en una categoría reconocida por la ley, con derechos exigibles y obligaciones claras para las instituciones públicas.
En segundo término, es totalmente necesario articular y fortalecer realmente un sistema estatal de atención integral que coordine aspectos verdaderamente importantes como salud, vivienda, identidad y empleo, evitando la dispersión actual de esfuerzos entre quienes realizan estas labores.
Y finalmente, se debe establecer un piso mínimo de financiamiento, obligatorio para municipios y el estado, que garantice la permanencia de albergues, programas de reinserción y servicios de atención psicosocial.
Legislar en este sentido no solo sería un acto de justicia social, también sería una medida de seguridad y salud pública. Convertir a las personas en situación de calle en sujetos de derecho y no solo de asistencia es el primer paso para dejar atrás esta realidad invisible que aqueja a nuestro estado.
Como dije anteriormente, la atención integral a las personas en situación de calle no puede, ni debe reducirse a campañas invernales de entrega de cobijas o la habilitación de edificios públicos como albergues en desastres naturales, debe considerarse como una verdadera estrategia que tenga su sustento en la legislación.
Las personas en situación de calle aún y cuando rara vez tienen el foco mediático, es decir, son minimizados e, inclusive, ignorados por gran parte de la sociedad, son un grupo vulnerable que requiere atención urgente e inmediata… preguntas que debemos hacernos son: ¿quién o quiénes serán los legisladores que se atrevan a tomar esta causa como bandera y buscar un verdadero cambio para este sector social? ¿O tendremos que esperar a que haya campaña electoral para verlos en la calle atendiendo las problemáticas reales de nuestra sociedad?
POR JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
