La primera vez que un candidato de silicio pidió el voto la escena pareció un truco publicitario. Pósters con una androide sonriente en Tama, Tokio, un humano en la boleta y detrás un algoritmo prometiendo imparcialidad. Michihito Matsuda ofrecía gestionar peticiones ciudadanas con aprendizaje automático, terminó en tercer lugar y la ciudad eligió a un alcalde de carne y hueso. Quedó sin embargo una idea poderosa, si los intereses y los sesgos forman parte del oficio quizá una inteligencia entrenada con datos cívicos pueda deliberar con frialdad estadística. En 2018 aquello fue un experimento y su eco llega hasta hoy.
Desde entonces aparecieron variantes. En Dinamarca nació The Synthetic Party con su “Leader Lars”, un chatbot que sintetiza programas de micro partidos y busca representar a quienes quedaron al margen. Careció de representación parlamentaria aunque instaló en el debate una pregunta que incomoda y atrae al mismo tiempo. Puede una plataforma algorítmica articular una voluntad política estable. El proyecto sigue activo como laboratorio cívico y artístico.
El Reino Unido llevó el juego al extremo práctico. En 2024 “AI Steve” conversó con miles de votantes de Brighton Pavilion, convirtió inquietudes en propuestas y llegó a la papeleta con una condición singular, si ganaba el escaño lo ocuparía su creador Steve Endacott. El veredicto fue contundente, 179 votos y último lugar. La Comisión Electoral aclaró que la representación legal recae en la persona humana. La ilusión de un diputado algoritmo se enfrentó con una regla democrática elemental, la responsabilidad pública exige sujeto responsable.
En Estados Unidos el bibliotecario Victor Miller postuló a la alcaldía de Cheyenne con un bot al que llamó VIC. El plan consistía en que la inteligencia artificial analizara documentos, ofreciera decisiones y él firmara como ejecutor. Las autoridades de Wyoming recordaron que las candidaturas corresponden a electores calificados, es decir personas físicas. La primaria llegó y la ciudadanía eligió un camino distinto, el propio Miller concedió la derrota. Aquella campaña dejó un rastro de aprendizaje sobre transparencia algorítmica y límites jurídicos.
En Bielorrusia activistas opositores presentaron a “Yas Gaspadar”, un chatbot que hablaba como candidato en un país sin competencia auténtica. Careció de presencia en la boleta aunque funcionó como metáfora de acceso, una voz digital abierta frente a urnas cerradas. La tecnología a veces se vuelve espejo de una carencia democrática.
Japón volvió al centro del escenario en 2025 con un anuncio provocador. Un partido minoritario decidió instalar a una inteligencia artificial como líder tras un tropiezo electoral. La medida, además de audaz, expone un dilema estratégico, cuando el liderazgo personal pierde tracción surge la tentación de delegarlo en una interfaz neutral. El dato ya forma parte del paisaje político asiático.
Como antecedente de culto en 2017 apareció “SAM”, el político virtual neozelandés que aspiraba a competir tres años después. Quedó en prototipo aunque ayudó a inaugurar una conversación global que dejó de ser ciencia ficción.
De cada caso emerge una constante. Allí donde el algoritmo se acercó a la urna la ley recordó que la representación pública implica identidad jurídica, edad, vecindad, ciudadanía y responsabilidades que únicamente puede asumir una persona. Así ocurre en México. La Constitución exige ciudadanía mexicana por nacimiento para la Presidencia y requisitos personales para diputaciones y senadurías. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regula registros y candidaturas sobre la base de personas físicas. Un software carece de nacionalidad, mayoría de edad y capacidad jurídica, por lo tanto la puerta legal está cerrada a una candidatura algorítmica.
Otra cosa es el uso de inteligencia artificial dentro de campañas y autoridades. El INE construye lineamientos para su empleo institucional, protocolos frente a contenidos sintéticos y criterios de transparencia en propaganda digital. La autoridad asume que la herramienta llegó para quedarse, orientando su aplicación hacia la integridad informativa y la protección de derechos. Ese sendero regulatorio abre un espacio fértil para candidaturas con inteligencia artificial en el sentido fuerte, humanos que someten su plataforma a deliberación digital abierta, trazabilidad de fuentes y auditorías algorítmicas verificables.
Cómo les fue en conjunto. Pierden en las urnas cuando prometen reemplazo, ganan conversación pública cuando ofrecen mejora. Tama consolidó una derrota que encendió una noción, la inteligencia artificial como secretaria honesta capaz de ordenar prioridades ciudadanas. Brighton marcó un límite jurídico nítido, el voto elige personas y la técnica asesora. Cheyenne dejó una crónica de entusiasmo cívico y fricción legal. Bielorrusia mostró un símbolo de resistencia en ambientes cerrados. Dinamarca convirtió la curiosidad en plataforma deliberativa.
Seguirá creciendo esta tendencia. Dos fuerzas avanzan al mismo tiempo. La demanda social de transparencia y evidencia empuja a los equipos políticos hacia sistemas que abren datos, mapean preferencias y simulan escenarios con rigor. Los reguladores afinan reglas para etiquetar, auditar y responsabilizar a quienes utilizan inteligencia artificial en procesos electorales. Ese doble movimiento amplía la adopción sin diluir la esencia de la representación.
Podría ocurrir en México un candidato de inteligencia artificial inscrito por ley. La respuesta legal vigente es clara, la boleta admite personas con requisitos constitucionales expresos y verificación de elegibilidad. Lo plausible y cada vez más probable es un modelo híbrido, aspirantes que someten decisiones a plataformas algorítmicas auditables, mecanismos participativos continuos, compromisos de transparencia sobre datos y modelos, y un acuerdo público para explicar cada política con evidencia trazable. Allí respira la innovación democrática, sin culto a la máquina ni fetiche del instinto, una alianza visible entre responsabilidad humana y capacidad de cómputo.
La política del siglo que amanece se juega en ese filo. Un alcalde que consulta un sistema verificable antes de asignar presupuesto. Una diputada que rinde cuentas con simulaciones abiertas. Un presidente municipal que organiza su agenda con una matriz pública de impacto y costos generada por inteligencia artificial y supervisada por la ciudadanía. Ese horizonte sí cabe en la ley mexicana y sí responde a la impaciencia de una sociedad que quiere ver por dentro la cocina del poder. El resto, la fantasía de entregar a un algoritmo el acto más humano de la vida pública, encontró límites en la urna y en la norma. Lo que viene es más exigente y más bello, liderazgos capaces de escuchar con máquinas y decidir con conciencia.
¿Voy bien o me regreso? Nos leemos pronto si la IA y los candidatos de Silicio lo permiten.
Placeres culposos: Black rabbit en Netflix y en música el álbum de éxitos de Creed y si, lo nuevo de Taylor Swift.
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Crisantemos para Greis y Alo.
