Como sucede desde el 2016, la elección de los consejeros estatales del PAN del pasado domingo 5 de octubre puso una vez más de relieve que a tres años de haber dejado el cargo, el partido albiazul de Tamaulipas sigue bajo el férreo control de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La prueba más reciente es que, como se esperaba, la lista de los nuevos consejeros es encabezada ni más ni menos que por el hermano del exgobernador, el diputado local Ismael García Cabeza de Vaca, quien, además, fue el candidat0 que obtuvo la votación más elevada de los elegidos.
Además de Ismael, aparecen también en el listado el diputado federal Gerardo Peña Flores, el exalcalde de Nuevo Laredo Enrique Rivas Cuéllar, el altamirense Jesús Zeferino Lee Rodríguez, el excandidato a alcalde de Madero, Carlos Fernández Altamirano, Gustavo Pérez Toga, Luis Tomás Vanoye, el regidor de Tampico, el regidor Edmundo Marón Manzur y Margarita Rodríguez González.
Cabe señalar que la renovación CDM ha reavivado las pugnas internas del 2022. A no pocos panistas de Tampico da la impresión de que se aprovechó la elección de los nuevos consejeros estatales para cobrar facturas a la que consideran traición del grupo de Chucho Nader en el elevo del nuevo comité directivo porteño del 14 de septiembre.
Esto es al menos lo que hace pensar que la perdedora Lizbeth García Aldape haya hecho a un lado a los seguidores del exalcalde e incluyera únicamente a los que la apoyaron, como Jesús Torres, César González De la Maza, Concepción Ferretiz, Blanca Hernández y José Luis Netro Guzmán.
Los partidarios de Lizbeth están resentidos porque, de acuerdo con lo que dicen allegados al partido, los seguidores de Chucho habían prometido que respaldarían a la planilla de la exregidora, sin embargo, a última hora cambiaron la señal y les pidieron que votaran por la cabecista Beatriz Rodríguez.
Como se sabe, Lizbeth impugnó ante el alto mando nacional el proceso el 20 de septiembre porque, según ha denunciado, estuvo plagado de irregularidades entre ellas que la triunfadora no pagó totalmente las cuotas partidistas que exigen los estatutos y que al terminar el cómputo se comprobó que fue mayor el número de los sufragios emitidos que el de los militantes que se registraron para votar.
También se detectó que algunos de los integrantes de la planilla triunfadora, como Aidé Contreras, no cumplieron con el requisito de tiempo mínimo de militancia.
Y han advertido que, si el Comité Ejecutivo Nacional no anula el resultado, acudirán ante el INE y el Tribunal electoral.
Esa es la razón por la que, comentan, el nuevo comité directivo encabezado por Beatriz Rodríguez Tarabelsi no ha rendido la protesta de ley y que no podrán hacerlo hasta que el alto mando nacional resuelva la impugnación.
Como están las cosas no se descarta que si no se encuentra un arreglo al final de cuentas el CEN decida desaparecer el comité directivo y lo sustituya por una delegación.
El riesgo que implica llegar a estos extremos es que la reactivación de las pugnas internas vaya a reflejarse en los comicios del 2027 y a truncar en el municipio la recuperación de los espacios políticos perdidos por Acción Nacional ante Morena en la contienda electoral del 2024.
Por. José Luis Hernández Chávez
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