De botepronto y apenas a dos semanas de haber asumido funciones, hay una primer diferencia evidente en el funcionamiento del nuevo Poder Judicial de Tamaulipas: la agilidad.
Parece que hay una nueva actitud en el entramado de la justicia local para que los asuntos que se puedan llevar a cabo de manera más rápida, se aceleren.
Ese, a final de cuentas, era un reclamo constante para jueces y magistrados en el pasado y fue uno de los elementos que les generó una imagen tan adversa en la opinión ciudadana.
Basta ver lo que ocurrió este martes en las salas de audiencia de la capital del estado, donde prácticamente en simultáneo se atendían procesos jurídicos relacionados con denuncias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, contra ex funcionarios.
El caso más llamativo es el de Enrique Jorge “N”, uno de los servidores públicos que -sin haber alcanzado el grado de secretario- fue consentido de la administración cabecista, donde pasó por dos de las áreas más relevantes.
Tuvo a su cargo las finanzas de la Secretaría de Salud, y también dirigió el Instituto Tamaulipeco de Becas, al interior de la Secretaría de Educación.
El asunto que lo tiene ahora en el banquillo de los acusados es el fraude cometido con la contratación de seguros de vida para empleados de la Secretaría de Salud. En resumen: a los trabajadores se les descontaron los recursos para pagar las pólizas, pero estas nunca fueron válidas, pues la empresa reynosense a la que se encargó esa tarea terminó por esfumarse.
Ayer también tuvo su primera cita en tribunales el ex Secretario de Desarrollo Económico, y ex presidente del Congreso de Tamaulipas, Carlos Alberto “G”.
Al matamorense también se le acusa de haber formalizado contratos irregulares durante su paso por la administración estatal.
Casi al mismo tiempo se llevaba a cabo una audiencia más en el caso del ex Secretario de Bienestar, Rómulo “G”, detenido por la adquisición ilegal de miles de despensas.
Esto ocurre apenas cinco días después de que también se dictaran medidas cautelares contra la ex Secretaria de Finanzas del Gobierno panista, a quien se le acusa del desvío de 139 millones de pesos.
Los procesos contra estos cuatro ex funcionarios se suman a los que enfrentan otros protagonistas del cabecismo como el ex titular de Educación, Mario “G”; el ex secretario de Administración, Jesús Alberto “S” y el ex secretario de Desarrollo Urbano, Gilberto “E”.
Es cierto: falta mucho para poder hacer una evaluación más sólida del desempeño de la nueva estructura judicial que preside la magistrada Tania Contreras López. Pero por lo pronto, las señales permiten ser optimistas.
Por. Miguel Domínguez Flores
