Caballos, cloro y comida chatarra; estas cosas tienen muy poco en común y tal vez lo único, es que han dado pie a algunas de las más célebres ocurrencias que han salido del Congreso Local.
En febrero de 2019 se presentó una iniciativa para declarar “el día estatal del caballo”; esta iniciativa fue presentada en el marco de una crisis laboral en Matamoros, Tamaulipas, donde estallaron huelgas en 48 maquiladoras de dicho municipio, exigiendo mejoras salariales y laborales.
En enero de 2021, en plena pandemia, desde la Tribuna del Congreso del Estado un diputado recomendó consumir dióxido de cloro para prevenir y tratar el COVID-19, aún en contra de las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud.
Recientemente, apenas a finales de septiembre de 2025, se presentó en el Congreso Local una iniciativa para prohibir la venta, distribución, suministro o donación de bebidas azucaradas, energizantes y alimentos con alto contenido calórico dentro de las dependencias y entidades públicas; esta acción legislativa se da en el marco de una de las más graves crisis de falta de medicamentos e insumos médicos que ha vivido nuestro Estado.
Quisiera iniciar mi análisis con un dato que me parece de suma importancia. Las tres iniciativas antes mencionadas fueron promovidas por legisladores emanados del mismo partido que el gobierno estatal en turno; los primeros dos casos, diputados de Acción Nacional y la última, por una diputada de Morena.
Cobra relevancia lo anterior puesto que estas iniciativas se dan en medio de crisis muy marcadas de los gobiernos locales; las preguntas obligadas son ¿realmente en ese momento no había cuestiones más importantes que atender a nivel legislativo? ¿de verdad estas iniciativas fueron la solución a una problemática prioritaria para nuestro estado?
Entonces, las y los ciudadanos tenemos tres alternativas lógicas ante esta situación: asimilar estas iniciativas como una especie de “distractor político”, entender que nuestros legisladores tienen que justificar trabajo sin afectar los intereses del régimen en turno o hacernos a la idea de que esos son los problemas y retos más importantes que enfrentamos como estado…
En los primeros dos ejemplos citados, la verdad es que no hay mucho margen de duda. Legislar un día estatal del caballo cuando la industria más importante de la frontera se fue a la huelga y promover el uso de una sustancia tóxica durante una pandemia tan letal, no son cuestiones para nada justificables.
Por lo que respecta a la última iniciativa es evidente que tiene un fin más útil y, por lo menos, se ve un poco más estructurada, sin embargo, es claramente una acción legislativa que no está remotamente cerca de solucionar la crisis de salud que enfrenta nuestro Estado.
Efectivamente, fomentar hábitos saludables en los trabajadores al servicio del Estado es una buena idea, como lo fue, en su momento, llevarles activación física a sus espacios de trabajo (que por cierto ya no se hace), pero de ahí a pensar que prohibir el consumo de estos productos en los edificios públicos va a aportar para que haya medicinas e insumos médicos suficientes en los hospitales públicos, sería vernos la cara nosotros mismos.
Es un hecho muy conocido que, en la mayoría de los casos, las agendas de nuestros legisladores no son muy coincidentes con la realidad social en que vivimos; que estas responden más a cuestiones mediatizadas, ideas espontáneas o a la defensa de los intereses del gobierno en turno antes que a una verdadera planeación parlamentaria.
Y eso nos debe llevar a cuestionarnos si nuestros diputados locales de verdad tienen la percepción de la realidad tan alterada o simple y sencillamente solo les importa la realidad que su líder les impone… En cualquiera de los casos, ellos deciden donde quieren que los pongamos.
Recién termina su primer año de ejercicio legislativo y aún están en tiempo de corregir el rumbo o de repetir el mismo ciclo que hemos venido arrastrando los últimos años.
POR JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
