CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, avanza con las investigaciones en la Secretaría de Seguridad Pública en el tema de los contratos de seguros de vida que no se pagaron.
Al igual que en la Secretaría de Salud, donde tres ex funcionarios han sido llamados a cuenta por la contratación de los seguros con una empresa que no cumplió con el pago de las primas, se sigue una indagatoria, ahora en la Secretaría de Seguridad Pública.
En este caso, la investigación alcanza al ex titular de la Secretaría encargada de la seguridad en el estado, además de otro ex funcionario de la misma dependencia estatal.
El probable ilícito que se podría configurar en este caso es el de uso indebido de atribuciones, esperando concluir la indagatoria para presentarlo lo antes posible ante un juez de control para judicializarlo.
La empresa orginaria de Reynosa, denominada Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas, fue contratada para la adquisición de seguros de vida para el personal de la Secretaría de Salud, Seguridad Pública, Educación y la Fiscalía de Justicia del Estado.
Sin embargo, las primas de los seguros no fueron pagados a los deudos del personal de Salud que estuvieron atendiendo a los enfermos del Covid-19 y tampoco a los familiares de los policías caídos en cumplimiento del deber.
A pesar del incumplimiento del pago, la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas, quien no contaba además con registro para fungir como aseguradora o afianzadora, recibió un nuevo contrato para el mismo servicio.
Por estos hechos, la Fiscalía de Justicia del Estado giró en octubre del 2024, órdenes de aprehensión contra Luz Olivia “G” y Héctor Francisco “M”, representantes legales de la empresa.
Apenas en esta semana, el ex Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaria de Salud Enrique Jorge “N”, fue acusado por la contratación indebida de los seguros de vida para el personal de Salud.
El Juez de Control determinó como medidas cautelares, la prohibición de salir del país, garantía económica de 500 mil pesos y la presentación periódica en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) en Altamira, de manera mensual.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
