Aunque ya ha sido despenalizado en 24 entidades del País, aún persisten barreras que impiden el acceso efectivo al servicio de aborto seguro en el sistema público de salud.
En Tamaulipas, aunque el Congreso ha insistido en que la reforma está en proceso de aprobación, esto no ha ocurrido por lo que es una de las ocho entidades rezagadas en esta normativa.
Una investigación realizada por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) destacó que, a partir de la despenalización del aborto en las entidades, ha aumentado la disponibilidad de servicios y el número de interrupciones de embarazo realizado de forma segura, al tiempo que ha disminuido el uso del legrado, sustituido por medicamentos y la aspiración manual endouterina (AMEU).
Detalla que la tasa total de abortos en ocho entidades estudiadas –Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Veracruz y Quintana Roo– pasó de mil 58 por cada 100 mil mujeres en edad reproductiva en 2020 a un registro de mil 445 en 2024.
Las entidades con las tasas más altas durante el año pasado fueron Ciudad de México, con 414; Guerrero, con 204, y Nayarit, con 194, de acuerdo con los resultados de la investigación presentada esta semana.
En tanto, señala, de los 52 mil 117 procedimientos realizados en las ocho entidades el año pasado, 52 por ciento correspondió a medicamentos, 30 por ciento a legrado uterino instrumental (LUI), y 15 por ciento a AMEU.
El ILSB urgió en el informe a eliminar el aborto del Código Penal Federal y de los códigos penales estatales, despenalizando la interrupción del embarazo en todas las entidades federativas, con base en los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a regular la atención desde el sector salud.
Llamó a armonizar la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia, con base en la resolución 54/2018 de la Corte, asegurando claridad normativa y garantizando la atención de la salud de quienes solicitan un aborto.
Plantea además armonizar los lineamientos estatales con el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro, eliminando los limites estacionales para el acceso al aborto en caso de violencia sexual.
El informe también señala que la mayoría de las entidades en las que se ha despenalizado no cuenta con suficientes unidades de salud que brinden en todo el territorio el servicio de aborto, que se concentra en capitales, así como en hospitales de segundo y tercer nivel.
Además, indica, el personal disponible es insuficiente y la objeción de conciencia por parte de los médicos que pueden dar el servicio reduce aún más la oferta real.
En tanto, agrega el estudio del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, el desabasto de medicamentos -en particular misoprostol y mifepristona- es un problema recurrente, agravado por retrasos administrativos y falta de prioridad presupuestal.
«Para que la despenalización se traduzca en un derecho efectivo, el Estado debe adoptar medidas que garanticen la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad (DAAC) de los servicios de aborto seguro que garantizan su implementación en todo el País», remarca el informe.
Tamaulipas, pendiente
En Tamaulipas, desde 2023, la bancada mayoritaria de Morena se ha mostrado renuente a votar la despenalización del aborto.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, aseguró que el proyecto de reformas “ya está terminado” y será presentado “para su discusión”.
Sin embargo, el legislador había hecho la misma declaración cinco meses atrás, al término de la sesión itinerante de mayo en Altamira.
“Ya está terminada la iniciativa, seguramente se estará presentando en unas semanas más y de ahí viene el proceso de análisis. Probablemente a fin de año o antes de que termine el periodo se estará aprobando o no aprobando, eso depende ya de los diputados”, afirmó.
A pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconoce el aborto como un derecho, los 36 representantes locales han mantenido un fuerte hermetismo en torno al avance de la iniciativa.
Prieto Herrera adelantó que el tema podría someterse a un parlamento abierto para analizar “pros y contras”. Dijo que, de forma personal, impulsa un diálogo amplio para discutir la despenalización.
“Seguramente la iniciativa será presentada por el grupo parlamentario de Morena, lo estaremos viendo. Lo que te puedo decir es que se está afinando el tema”, comentó el sábado en entrevista desde González, Tamaulipas.
Durante el primer semestre de 2025, Prieto había asegurado que la iniciativa se aprobaría antes de concluir el segundo periodo legislativo del primer año, el cual finalizó el 30 de junio de 2025.
“Yo respeto a las mujeres, ellas tienen el derecho de hacer lo que gusten con su cuerpo, entonces estaré apoyando esta propuesta”, declaró el presidente del Congreso hace cinco meses.
Por su parte, la diputada Lucero Deosdady Martínez López explicó en marzo que su bancada sostenía mesas de trabajo para incluir la figura de la objeción de conciencia dentro de las reformas.
La SCJN define este derecho como la facultad del personal médico y de enfermería para excusarse de realizar un acto médico que consideren incompatible con sus convicciones éticas, religiosas o morales, siempre que no se afecte el derecho a la atención de salud de las personas.
Mientras la reforma sigue pendiente, 38 mujeres están siendo investigadas por abortar en Tamaulipas en lo que va de 2025, ya que el procedimiento continúa tipificado como delito.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que solo en junio se abrieron siete carpetas de investigación por este motivo. A nivel nacional, entre enero y septiembre se han iniciado 597 investigaciones por aborto, concentrándose más de 450 casos en Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Tamaulipas.
Aunque el aborto es legal en la mayoría de las entidades, algunos estados aún mantienen restricciones. En Nuevo León, por ejemplo, sólo se permite cuando hay violación, peligro de vida o riesgo para la salud física o psicológica de la persona gestante.
En Tamaulipas, el artículo 361 del Código Penal establece que la interrupción del embarazo solo es legal cuando ocurre por imprudencia de la mujer embarazada; es resultado de una violación; o su práctica evita la muerte o un daño grave a la salud de la mujer, con dictamen médico y, si es posible, la opinión de otro especialista.
El artículo 359 del mismo Código impone penas de seis meses a un año de prisión a la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar. Para quienes participen o lo practiquen, las sanciones pueden alcanzar hasta nueve años de cárcel.
Exigen a Congreso cumplir
Una jueza federal exigió al Congreso de la Unión acreditar los avances para despenalizar el aborto a nivel federal, pues lleva casi dos años sin acatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que le ordena hacerlo.
Paloma González, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal, rechazó el 26 de septiembre una petición de la Cámara de Diputados para una nueva prórroga al cumplimiento de la sentencia de la Corte, que le ordena derogar cinco artículos del Código Penal Federal (CPF) que desde 1931 han tipificado el delito de aborto.
La Primera Sala de la Corte aprobó esta sentencia el 6 de septiembre de 2023, y el fallo fue notificado al Congreso el 4 de enero de 2024, pero a la fecha no ha sido cumplido, por lo que el CPF sigue aplicando tal cual en todas las instalaciones federales del sector salud.
«Informe el estado que guarda el proceso de dictaminación de las citadas iniciativas, en el entendido que deberá remitir el original o copia certificada de las constancias respectivas», ordenó la jueza a la Cámara el 30 de septiembre.
Este amparo es el único que la Corte ha dictado para el efecto de que se derogue una ley, lo que sólo fue aprobado por tres de los cinco Ministros que integraban la Sala, ente ellos, el actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar.
Staff
Expreso-La Razón
