El Congreso de Tamaulipas podría sumarse este año al grupo de legislaturas que, mediante reformas a la ley, quieren acortar la libertad de expresión en redes sociales.
En los últimos años ha caído en el abuso la utilización de plataformas digitales, que deberían servir para difundir información y funcionar como canales de comunicación entre la sociedad y el poder.
Ha sido tan mal entendido el objetivo de las redes, que hoy en día, algunas son muy parecidas a campos minados, en donde los explosivos sembrados por radicales anónimos -otros más, plenamente identificados- provocan daños dirigidos a unos, y en forma colateral, a otros.
Así, se puede caer fácilmente en la injuria y la difamación, amparadas en un derecho constitucional que se ha pervertido bajo la polarización que estaba adormilada, pero que fue alentada particularmente en el sexenio federal pasado.
No obstante, desde el punto de vista democrático, nadie que se diga progresista puede apostar por limitar las libertades individuales o coartar derechos por los que se ha luchado durante décadas.
¿Por qué el Congreso tamaulipeco podría ingresar a esa lista de legislaturas que en México han aprobado modificaciones legales que atentan contra el derecho ciudadano a la libre expresión, consagrado en la Constitución?
Esto, porque de acuerdo con información dada a conocer hace días en Expreso/La Razón, hubo una propuesta presentada por el diputado morenista Adrián Cruz Martínez, integrante de la bancada de Morena, que tiene mayoría en el Congreso y podría aprobarla sin dificultad.
La iniciativa busca sancionar penalmente la difamación digital y los ataques en redes sociales, estableciendo castigos que van de uno a tres meses de trabajo comunitario y multas para quienes, según la redacción propuesta, incurran en la difusión de insultos, calumnias o información falsa.
De aprobarse, Tamaulipas se convertiría en uno de los primeros estados del país en incorporar al Código Penal una figura específica para la llamada “difamación digital”, un término que ha sido interpretado con amplitud en otros lugares donde se ha legislado en el mismo sentido.
El proyecto del diputado maderense plantea agregar un artículo 390 al Código Penal del Estado, en el cual se sancionaría a quienes, mediante redes sociales o plataformas digitales, afecten la honra, reputación o imagen de una persona física o moral.
También prevé castigar la reincidencia o los casos en que los ataques sean anónimos o provengan de cuentas falsas.
Los antecedentes no son buenos para los ciudadanos, pues lugares como Veracruz y Ciudad de México se han impulsado -y en algunos casos aprobado- propuestas similares que derivaron en fuertes cuestionamientos por parte de organismos civiles, periodistas, defensores de derechos humanos y especialistas en comunicación.
Todos coinciden en que la línea entre proteger la dignidad de las personas y limitar la libertad de expresión es demasiado delgada.
El riesgo de que los diputados promotores y el Congreso estatal que apruebe esa propuesta sean vistos como autoritarios y enemigos del derecho constitucional a la libre expresión es alto.
En México, en donde la violencia contra periodistas y la censura encubierta han sido constantes, una reforma de este tipo genera inquietud y rechazo genuinos desde el momento en el que se conoce tal pretensión.
Si bien es necesario poner freno a la calumnia y al linchamiento digital, el riesgo de que estas leyes sean utilizadas como herramientas de control político o represión de la crítica sigue siendo alto.
De acuerdo con datos del INEGI, más del 20 por ciento de los usuarios de internet en México ha sido víctima de algún tipo de acoso o agresión digital, siendo las mujeres periodistas uno de los sectores más afectados.
Sin embargo, el reto está en equilibrar la protección de las personas sin erosionar el espacio público digital, que hoy es una extensión del debate.
La discusión sobre el tema se profundiza con cada intento de legislar sobre la libertad de expresión, como ahora parece suceder en Tamaulipas.
Los excesos en redes existen, pero su solución no puede ser penal ni punitiva como se plantea.
Lo que se necesita es educación digital, alfabetización mediática y mecanismos civiles de conciliación, no un nuevo instrumento penal que, aunque se presente con buena intención, podría ser usado para silenciar la crítica incómoda.
La línea que divide la injuria de la opinión crítica puede ser difusa, y ahí radica el riesgo, porque ¿quién definirá qué comentario es difamatorio y cuál es una expresión legítima del pensamiento? ¿Serán los jueces, los políticos o el propio poder que se siente aludido?
Esas preguntas deberían estar en el centro del debate antes de aprobar una ley que puede modificar, de manera silenciosa pero profunda, el equilibrio entre poder y sociedad.
La historia reciente de México nos muestra que las leyes concebidas para “ordenar” el ejercicio de derechos, con frecuencia terminan por restringirlos.
Tamaulipas no puede darse el lujo de aprobar una iniciativa de ley así, a menos que el Congreso esté dispuesto a ser visto como una institución alineada abiertamente con la corriente ideológica que no tolera la discrepancia.
El Congreso de Tamaulipas está ante una disyuntiva importante, pues por un lado debe reconocer que la violencia digital es un fenómeno real que afecta a muchas personas; por otro, tiene que asumir que la defensa de la libertad de expresión es un principio no negociable en cualquier democracia moderna.
Al final, no se trata de elegir entre dignidad y libertad, sino de construir leyes que garanticen ambas sin caer en tentaciones autoritarias.
Si el Congreso logra ese equilibrio, avanzará en el fortalecimiento de las libertades. Si se inclina por el control y el castigo, se colocará del lado de quienes promueven la censura a través de una intolerancia institucionalizada.
El tema importa porque, mientras existen asuntos que tienen una importancia mayor, pareciera que hay quienes en el mismo Congreso creen que ser obsequiosos con el oficialismo les redituará políticamente, aunque de paso atropellen una libertad constitucional.
Por. Tomás Briones
abarloventotam@gmail.com
