CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Carlos Martínez Rocha, extrabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sector Ductus Victoria, busca que se cumpla un laudo laboral que le da la razón después de seis años de lucha legal por un despido que califica como “injusto y fabricado”.
Martínez Rocha laboró como operador de primera en la estación de rebombeo número 4 en Ciudad Victoria hasta 2019, cuando —según relata— fue cesado de forma arbitraria por funcionarios de la empresa estatal. Afirma que su destitución se basó en un delito inventado, con el propósito de vender su plaza a otra persona por 400 mil pesos.
“Fui rescindido de una forma injusta. Fabricaron un delito en mi contra y presuntamente vendieron mi plaza. Acudí de inmediato a la Junta de Conciliación y Arbitraje para demandar mi reinstalación”, explicó.
Durante años, su caso permaneció estancado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 37, en Ciudad Victoria. Finalmente, en mayo de 2025, obtuvo un laudo favorable que ordena su reinstalación y el pago de salarios caídos. Sin embargo, asegura que la resolución no ha sido cumplida.
“El presidente de la Junta se niega a ejecutar la reinstalación. Está favoreciendo a la empresa y alargando el proceso, a pesar de que ya hay un amparo federal que ordena cumplir la sentencia”, denunció Martínez Rocha.
Además del juicio laboral, el exoperador interpuso una denuncia penal en 2021 —radicada bajo el expediente 0529/2021— ante el Supremo Tribunal de Justicia, en la que acusa a varios funcionarios de Pemex de fabricar las acusaciones en su contra y solicita reparación del daño moral y económico.
“Durante cuatro años pedí sentencia y nunca me la quisieron dictar. Los jueces favorecieron a los funcionarios. Pero tengo confianza en el nuevo sistema judicial y en la magistrada presidenta Tania Contreras; sé que ella puede revisar mi caso y actuar conforme a derecho”, expresó.
Carlos Martínez pide la intervención de las autoridades judiciales para que se haga cumplir el laudo, se respete la ley y se repare el daño que —asegura— afectó no solo su estabilidad laboral, sino también a su familia.
“Solo pido justicia y que se aplique la ley como debe ser”, concluyó.
Por Raúl López García
