TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un Juez de Control vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas a quienes se acusó de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio ilícito del servicio público.
En audiencia de celebrada el pasado viernes 17 de octubre, el juez Juan Artemio Haro Morales, escuchó los argumentos de la defensa que buscaba desestimar la acusación del Ministerio Público contra los ex servidores públicos.
Los investigador son Reynaldo “G”, ex Subsecretario de Proyectos y Licitaciones, Armando “C”, ex Director Jurídico de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, Isaías Alberto “Ch”, ex Supervisor de la Región Norte y Eduardo “N”, ex Jefe de Departamento de Supervisión Región Norte, todos ellos de la Secretaría de Obras Públicas.
De acuerdo con la carpeta de investigación (311/2025), la Fiscalía Anticorrupción acusa a los ex servidores públicos de los citados delitos relacionados con su actividad gubernamental.
El caso está relacionado con la ampliación de un tramo carretero en la Frontera Chica en donde se acusa que dicha obra fue pagada en dos ocasiones, lo que fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción.
El juzgador consideró que los argumentos vertidos por la defensa de los cuatro ex funcionarios no fueron suficientes para desestimar el caso, por lo que determinó la vinculación a proceso.
En el caso de Reynaldo “G” y Armando “C”, fueron acusados de los delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, mientras que Isaías “N” y Eduardo “N”, los delitos imputados con ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Además, el Juez de Control de la Primera Región Judicial del Estado fijó un plazo de 3 meses de investigación complementaria, mismo que vence el 15 de enero de 2026, fecha en que continuará el proceso legal contra los ex funcionarios.
Apenas el lunes, otros tres ex funcionarios de primer nivel también fueron vinculados a proceso por otros expedientes.
Al ex Secretario de Desarrollo Económico, Carlos Alberto “G una Jueza de Control lo vinculó por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, de acuerdo con la carpeta (385(2023).
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, Carlos Alberto “G” en su calidad de servidor público, como Secretario de Desarrollo Económico, solicitó la excepción para la contratación sin licitación de los servicios del despacho jurídico Santos- Elizondo para la promotoría, gestoría y representación del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
Una vinculación a proceso más fue para el ex titular de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien), Rómulo “G”, quien se encuentra detenido en el penal de Victoria, por lo que acudió custodiado a atender el seguimiento de la audiencia inicial.
A Rómulo “G”, la Fiscalía Anticorrupción lo acusa de la contratación sin licitación con la empresa Lácteos de Tamaulipas, S.A. de C.V., de un millón de despensas por las que se pagaron 250 millones de pesos durante el 2020.
El Juez Juan Antonio Haro Morales, decretó la vinculación a proceso al ex Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Enrique Jorge “N”.
La defensa del ex funcionario había solicitado la duplicidad del término para argumentar la acusación hecha por la Fiscalía Anticorrupción, quien acusa al ex funcionario de Uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la carpeta 503/2024, el entonces funcionario de la Secretaría de Salud, habría solicitado la excepción de concurso a proveedores para celebrar un contrato con la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas.
Con dicha empresa se contrató la adquisición de seguros de vida para el personal de la Secretaría de Salud para el periodo de enero a diciembre del 2020 por un monto de 5 millones 867,184 pesos.
Al igual que en los casos anteriores, el monto del contrato correspondía a una licitación pública y no una adjudicación directa, además que en dicha anualidad y como resultado de la atención de pacientes con Covid-19, se registraron los fallecimientos de personal de salud.
Sin embargo la empresa se negó a pagar las primas de seguros a los deudos del personal médico, por lo que se dio a conocer el fraude cometido por la empresa originaria de Reynosa.
Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
